La Procuraduría concluyó que la Corte Constitucional debe abstenerse de examinar de fondo la demanda contra las facultades de las que goza la Policía Nacional para intervenir frente a la afectación del derecho de posesión o tenencia de un bien (artículos 125 y 127 del Decreto 1355 de 1970). Para el organismo de control, el actor confunde esa norma con la facultad de la fuerza pública de efectuar desalojos, luego lo propio es que cuestione la constitucionalidad de la Ley 200 de 1936 u otros apartes de la misma norma frente a la ejecución de las disposiciones propias de los códigos departamentales; todo lo anterior ante la jurisdicción contencioso administrativa, dice el concepto. La magistrada Martha Sáchica presentará la ponencia del caso.