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Procuraduría rechaza negativa de FARC a reconocer crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad

06 de Noviembre de 2014

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La Procuraduría General de la Nación advirtió que las FARC deben reconocer y asumir plenamente su condición de victimarios, para darles legitimidad a los eventuales acuerdos que se alcancen en los diálogos de paz que el Gobierno sostiene con esa guerrilla en La Habana (Cuba).

 

“En su trasegar delincuencial en el país, las FARC adoptaron como política el ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, siendo responsables de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, las cuales fueron debidamente documentadas y son de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional”, señaló la entidad.

 

Además, precisó que en el año 2002, mientras se adelantaban negociaciones de paz con el Gobierno en San Vicente del Caguán (Caquetá), el Estado Mayor de las FARC dictó la llamada “Ley 002”, que ordenaba el secuestro de ciudadanos que no cedieran a sus tentativas de extorsión, práctica que venía desarrollando desde antes.

 

“Estadísticas oficiales señalan que entre los años 1998 y 2003 se realizaron 14.674 secuestros en Colombia, la mayor parte de ellos por parte de las FARC, y siendo objeto de ellos campesinos, comerciantes, profesionales, industriales y ganaderos, entre otros. Muchas de las víctimas de este flagelo perdieron la vida en cautiverio”, agregó la Procuraduría.

 

El Ministerio Público les hizo un llamado a los integrantes de la mesa de diálogos, para que se reconozca y asuma plenamente la condición victimaria de las FARC en el conflicto armado colombiano, y no se desconozcan los derechos de las víctimas ni las garantías de no repetición.

 

“La verdad, la justicia y la reparación de las víctimas son las bases de la reconciliación y de una paz estable y duradera, por lo que no puede pretenderse ocultar lo ocurrido o manipular la historia para justificar las atrocidades cometidas durante décadas por este grupo terrorista. Es, a partir de estos inamovibles, que se puede permitir la construcción de un pacto para la paz que dé sostenibilidad jurídica y política a los acuerdos que se suscriban entre el Gobierno Nacional y las FARC”, concluyó.

 

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