Estos son los 25 mínimos que blindarían el proceso de paz, según Alejandro Ordóñez

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, planteó 25 puntos mínimos que, en su criterio, deben cumplirse para garantizar una paz estable y duradera, en caso de que se alcancen acuerdos definitivos entre el Gobierno y las FARC.

Al referirse a las sentencias C-579 del 2013 y C-577 del 2014, señaló que se debe investigar, juzgar y condenar penalmente a todos los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra: “El Estado no puede renunciar automáticamente a la persecución penal y tampoco incumplir compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”.

Además, debe existir transparencia en el proceso de implementación de los criterios de selección y priorización de casos, así como establecerse un recurso mediante el cual se pueda impugnar esa decisión, advirtió.

En su opinión, la investigación debe ser seria, imparcial, efectiva, en plazo razonable y con participación de las víctimas, asesoradas de manera especializada.

También, reiteró que se debe garantizar el derecho a la reparación integral y que la terminación del conflicto armado exige que el grupo se desmovilice colectivamente y se desarme.

“Deben priorizarse para su investigación y castigo los siguientes delitos: las ejecuciones extrajudiciales; tortura; desapariciones forzadas; reclutamiento ilegal de menores; y violencia sexual contra la mujer, siempre y cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”, agregó.

Igualmente, advirtió que el Congreso, al momento de expedir las leyes estatutarias que desarrollen el Marco Jurídico para la Paz,  deberá respetar los compromisos internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

A su vez,  señaló en el caso de los desmovilizados que sean seleccionados y condenados, su participación en política estará supeditada al cumplimiento de la condena impuesta en el marco del proceso de justicia transicional y de las demás obligaciones que se impongan a quienes aspiren a esa participación.

“La posibilidad de participación en política prevista por el artículo acusado se entiende acorde con el ordenamiento constitucional, en tanto quien entre a formar parte de la comunidad política haya saldado su deuda con la sociedad”, manifestó.