Aunque la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida de examinar la demanda a la norma del Código de Extinción de Dominio que impone la destinación de las divisas incautadas, el organismo de control concluyó que la disposición se ajusta a la Carta Política de 1991 (artículo 91 parcial de la Ley 1708 del 2014). Según el Ministerio Público, no hay relación entre el texto atacado y la Ley 9ª de 1991, que establece los mandatos generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular los cambios internacionales. Pese a encontrar que no procede el examen de constitucionalidad, el Ministerio Público considera que la norma, que le permite al Banco de la República cambiar el equivalente en divisas a pesos colombianos, es constitucional. La ponencia corresponde al despacho de la magistrada María Victoria Calle.