Como ajustado a la Carta Política de 1991 encontró la Corte Constitucional el Convenio de cooperación financiera firmado por Colombia y Alemania, incorporado al ordenamiento mediante la Ley 1691 del 2013. El alto tribunal encontró que los objetivos de desarrollo económico respetuoso de la preservación del medio ambiente que persigue este instrumento coinciden con mandatos del texto superior. La Sala destacó que el convenio refuerza actividades que persiguen el desarrollo con sostenibilidad ambiental. La Procuraduría, que coincidió con las conclusiones de la máxima instancia constitucional, había destacado la financiación reembolsable para los planes de superación de la pobreza (M. P. Mauricio González).