El encuentro se da casi dos semanas después del llamado que hizo la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de descongestión.
Según la cartera de Justicia, este trámite administrativo permitirá cumplir con obligaciones establecidas por jueces y magistrados de restitución de tierras del país.
Si el régimen que cobija al Presidente se extiende a las demás instancias administrativas, se darían resultados irrazonables en la gestión de las entidades.
Sustraer temporalmente a la población desplazada de la prestación del servicio militar busca evitar que vuelvan a ser parte del conflicto armado interno.
Lo que se debe determinar es el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar que haya sido o no objeto de aportes a entidades de previsión o seguridad social.
Cuando la valoración probatoria es arbitraria y abusiva, se configura un desconocimiento del debido proceso, que hace procedente la tutela contra sentencias.
El Ministerio de Salud aclaró que adelanta un proceso de concertación con la Federación Nacional de Departamentos sobre los aspectos centrales del proyecto de ley.
La Judicatura podría asumir directamente investigaciones contra jueces, fiscales y abogados, sin que estos casos sean conocidos por los consejos seccionales.
A juicio del Consejo Superior, incumplir las normas que regulan la profesión es una actitud reprochable e insólita, ya que un abogado está llamado a cumplirlas y conocerlas.
Darle una interpretación diferente al Decreto 699 del 2013 le negaría al contribuyente las posibilidades que la misma ley consagra para efectuar correcciones voluntarias.
El abogado argentino Roberto Menéndez, que tiene más de 20 años de experiencia en la organización regional, asumirá la jefatura el próximo 16 de septiembre.
La Corte señaló que la cosa juzgada constitucional es una atribución dada por la Carta Política de manera exclusiva a los fallos proferidos por esa corporación.
La ampliación cobija algunos cargos de descongestión en tribunales y crea una nueva plaza transitoria por cada despacho de magistrado en la Corte Constitucional.
No se entendería que los jueces y magistrados de las demás jurisdicciones, quienes son personas versadas en leyes, sean destinatarios de sanciones más benignas.
Según los juristas, la corporación debía examinar si el Presidente de la República tiene facultades para objetar por inconveniente e inconstitucional una reforma a la Carta Política.
Los abogados que en representación de una firma o asociación suscriban contratos de prestación de servicios profesionales también son destinatarios del Código Disciplinario.
Las disposiciones empezarán a regir en un año. Sin embargo, en un plazo de seis meses, los propietarios de establecimientos deberán inscribirse ante la autoridad sanitaria.
Esta contribución parafiscal se aplicará a todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la Ley 1653 del 2013.
El régimen de responsabilidad por daño a bienes del sector defensa busca resarcir o reponer el bien perdido o dañado por la actuación irregular del funcionario.
No solo resulta conveniente, sino razonable y congruente con las aspiraciones de satisfacer los derechos de las víctimas, escoger solo un tipo de delitos, por su sistematicidad, señala.
Los responsables deben utilizar la PILA, conforme a la Resolución 1414 del 2008, sin perjuicio de que la cobertura en salud sea asumida por el respectivo municipio o distrito.
Ningún superior jerárquico, en el orden administrativo o jurisdiccional, puede establecer los criterios en los que debe basarse un operador jurídico para fallar.
El hecho de que una obra que se realice en la ubicación y delimitación contenida en la licencia de construcción no es suficiente para descartar la amenaza contra el medio ambiente.
Pese a que directa o indirectamente otras personas se vean involucradas en la situación pensional, el derecho es del titular de la pensión y no de todo el grupo afectado.
La entidad consideró oportuno realizar un acompañamiento a las entidades que durante la vigencia 2012 pagaron más de 10.000 millones de pesos por indemnizaciones.