El Consejo de Estado determinó que las necesidades del servicio no le proporcionan a la administración una facultad irrestricta y absoluta a la hora de reubicar a un funcionario de carrera administrativa en un lugar distinto a aquel en donde reside. Así, es necesario que la entidad verifique si ante una reestructuración o modificación es posible garantizarle su permanencia en una plaza ubicada en el mismo lugar donde habita. Solo luego de examinar la factibilidad para conceder este derecho, dice la providencia, se puede ordenar la reubicación en otra ciudad. Frente al caso concreto, indicó que la accionante tenía derecho a ser reincorporada en un lugar de trabajo con sede en Bogotá, tras la restructuración de la CAR Cundinamarca. Por otra parte, consideró que su decisión de apartarse del cargo no supuso su abandono, pues se produjo luego de la presentación de numerosas cartas de renuncia que la administración nunca respondió y que se basaban en la negativa de la accionada a reubicarla en la capital (C. P. Bertha Lucía Ramírez).