Para determinar si la elección de alguna modalidad de crédito por parte de un ente territorial puede ser o no un presunto daño fiscal, es necesario analizar otros factores, entre ellos, el objeto del proyecto o programa que se pretenda financiar, las autorizaciones de los órganos colegiados correspondientes para pignorar rentas, las garantías requeridas y las razones de gestión, como la urgencia manifiesta para cubrir necesidades inmediatas. En este caso, señaló la Contraloría General de la República, la gestión debe ser antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que no cumpla con los fines esenciales del Estado.