El hecho de que un ciudadano actúe imprudentemente, desconociendo a las autoridades, no habilita a agentes de la fuerza pública a utilizar desproporcionadamente las armas de fuego. Así, el Consejo de Estado precisó que, en todos los casos, quienes ejercen el poder coercitivo del Estado deben ponderar la necesidad del empleo de la fuerza con los derechos a la integridad física y la vida de los asociados. La Sección Tercera sostuvo que el agente debe procurar no hacer un uso desproporcionado de su capacidad para accionar armas de fuego. Con estos argumentos, la Sala condenó a la Nación por las heridas de bala que le ocasionó un policía a un ciudadano que intentaba evadir un retén y que aparentemente buscó investir con su motocicleta a los agentes que integraban el puesto de control (M. P. Mauricio Fajardo).