Durante el debate programado para el pasado viernes 3 de agosto en el Concejo de Bogotá, relacionado con la efectividad de la defensa jurídica de la ciudad y el daño antijurídico, los cabildantes manifestaron su preocupación al escuchar de parte del secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, la cifra que tendría que pagar la administración por concepto de demandas, la cual asciende a $ 14 billones, y generaría una crisis económica. En el caso del relleno de Doña Juana, la ciudad tendría que pagar cerca de $ 227 mil millones a más de 75 mil afectados. Bonilla explicó que se planteó a la Procuraduría General de la Nación utilizar, por primera vez, la figura del incidente fiscal, con el fin de buscar mecanismos apropiados para poder cancelar la cifra determinada en esta sentencia sin precedentes. La Defensoría del Pueblo deberá administrar y pagar la condena, una vez el fallo esté ejecutoriado.