La medida de suspensión inmediata del funcionario, prevista en el artículo 268 de la Constitución Política y aplicable mientras culmina la investigación o los respectivos procesos penales o disciplinarios en su contra, garantiza la continuidad de la función pública y la efectividad del control, ya que permite que se adelante el trámite sin ningún tipo de interferencia de su parte, indicó la Contraloría General de la República. Así mismo, no se afecta el empleo, la honra o el debido proceso, pues en el curso de la investigación el implicado tiene la oportunidad de desvirtuar la acusación que se le imputa y lograr, si es el caso, el reintegro al servicio.