Al concluir que la certificación para convocar un acto de revocatoria del mandato no constituye la definición de una situación jurídica general, el Consejo de Estado rechazó la demanda mediante la cual se pretendía la nulidad del inicio de dicho proceso en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El alto tribunal aclaró que el acto demandable, en este caso, sería el expedido por el Presidente de la República removiendo al mandatario del Distrito Capital, en caso de que triunfe la revocatoria. La Sección Quinta determinó que el acto administrativo en cuestión no tiene la virtud de definir un asunto de fondo, ni imposibilita continuarlo; simplemente, dice, es la constatación que permite avanzar y culminar el trámite (C. P. Susana Buitrago).