La Corte Constitucional determinó que el hecho de que haya sido el Presidente de la República quien sustrajo a la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) de la tarea de administrar el sistema específico de carrera de las superintendencias quebranta el sistema de frenos y contrapesos en esa materia. Con argumentos como este declaró inexequibles varios apartes del Decreto-Ley 775 del 2005 (parcialmente, artículos 6º, 14, 15, 17, 20, 21, 28 y 48). Según la determinación, una decisión de esa naturaleza era de competencia del legislador. La corporación sostiene que no se podía conferir la administración de los concursos a las propias superintendencias y precisó que a la CNSC le sigue siendo propia esa función.