Los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Luis Ernesto Vargas y Alberto Rojas se opusieron a que la Corte Constitucional declarara exequible la norma que permite presumir dolo en el gestor fiscal que es investigado por los mismos hechos por los cuales fue sancionado penal o disciplinariamente (artículo 118 de la Ley 1474 del 2011). A su juicio, el control fiscal escapa a la fisonomía de los procesos penal y disciplinario; en este tipo de actuación, dicen, se invierte la carga en contra del indiciado, dificultando su ejercicio de la defensa. Entre tanto, el magistrado Rojas se opuso también a la declaratoria constitucionalidad de la norma que permite adecuar este tipo de proceso al procedimiento verbal (parágrafo 3º del artículo 97 de la Ley 1474 del 2011), porque, dice, de manera injustificada se cambiaron las condiciones en las que se tramitarían los expedientes que ya habían iniciado con una reglas distintas. Sin embargo, la posición mayoritaria estuvo de acuerdo con la postura de la Procuraduría, que había solicitado declarar constitucional lo demandado (M. P. Mauricio González).