La Corte Suprema casó una sentencia que había negado las pretensiones de una demanda laboral promovida por una mujer que fue despedida de una empresa de servicios públicos.
La Superfinanciera recordó las certificaciones vigentes para las modalidades de microcrédito y consumo de bajo monto.
Así lo hizo la Sala Civil del alto tribunal luego de negar una acción de tutela a un juez en contra de la decisión de la Sala Penal de la misma Corporación que lo condenó por prevaricato.
El descanso busca la recuperación de la madre y la atención del recién nacido, lo cual incide en su desarrollo armónico e integral.
A partir del 2023, la norma regirá para las autorizaciones de vigencias futuras para la asignación para la Paz hasta el 31 de diciembre del 2037.
En el contrato de condiciones uniformes se pacta la forma, tiempo, sitio y modo en que se darán a conocer las facturas.
Cinco miembros votaron a favor de mantener la tasa y dos votaron por incrementarla en 25 puntos básicos.
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación, negó una tutela en contra del fallo del Consejo de Estado proferido en 2018 que ordenó la restitución de un inmueble al municipio de Valledupar.
El presidente Duque indicó que la política tiene que ver con el régimen de propiedad horizontal comercial, con financiamiento, esquemas de distribución y el de pagos digitales, vital para los comerciantes.
Así lo señaló la Corte Constitucional al inhibirse de pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta en contra las normas que regulan la figura de la entrega vigilada y el agente encubierto, por considerar que en estas se configuraba una omisión legislativa relativa.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) y los literales (a) y (b) (parciales) del artículo 2º de la Ley 2089 del 2021.
Durante la interrupción cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios y del empleador de cancelar salarios.
Para este mecanismo la entidad hace uso de los datos suministrados por terceros, es decir, la información exógena tributaria que contiene las operaciones con clientes, proveedores o terceras personas.
Decretar y practicar pruebas de oficio puede, en determinados casos, pasar de ser una facultad a ser un imperativo para el juez.
En el total nacional, la población ocupada en junio del 2021 fue 20,6 millones de personas, un 12,4 % superior con respecto al mismo mes del año anterior.
Los sectores con más recursos son educación ($ 49,3 billones), defensa ($ 41,9 billones), salud ($ 41,2 billones), trabajo ($ 36 billones), hacienda ($ 23,9 billones) e inclusión social ($ 21,7 billones).
Las entidades territoriales no están obligadas a otorgar exenciones, la disposición es potestativa y mediante acuerdo.
Se contemplan estímulos para ampliar la cobertura del servicio de internet en el país, para los operadores lleguen a las zonas rurales y de difícil acceso.
El Consejo de Estado recuerda el procedimiento para corregir las declaraciones privadas que se presenten ante la Administración.
Según la Corte Constitucional, la Corte Suprema desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal (a) del artículo 47 de la Ley 100.
El Decreto 572 del 2021 modificó el artículo 175 del Decreto 1165 del 2019, sobre oportunidad para declarar.
Con la Resolución 1455 del 2021, estableció el listado de beneficiarios para la transferencia monetaria del tercer ciclo de pagos de la compensación IVA.
El Consejo de Estado anuló una expresión de una circular expedida por el director de una cárcel de Caldas que limitaba el número de personas sin primer grado de consanguinidad con los reclusos que podían ingresar a visitarlos dentro del establecimiento carcelario.
Esta causal se configura cuando las circunstancias de hecho y derecho no tienen correspondencia con la decisión que se adopta.
Tratándose de la prueba indiciaria, el error de hecho puede tener tres fuentes, explicó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
La Registraduría dispuso de una plataforma web para realizar la preinscripción online de los candidatos y luego se podrá formalizar ante la autoridad electoral competente.
En este caso no opera la regla de continuidad sino de desinvestidura automática, que obliga a la separación inmediata del cargo.
La Registraduría dispuso de una plataforma web para realizar la preinscripción online de los candidatos y luego se podrá formalizar ante la autoridad electoral competente.
No es la primera vez que se pone a consideración de esta corporación un caso en el que se encubren bajo la apariencia de muertos en combate homicidios de población civil.
Además de dicha orden, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior a través de una decisión de tutela hacer un censo en todas las salas penales del país para conocer las cifras de los procesos represados y crear un sistema de alertas para identificar los despachos congestionados.
Continua el debate en torno al regreso a las sedes judiciales, quienes están en contra de este modelo destacan las ventajas que ha demostrado la virtualidad durante la pandemia.
No obstante, los operadores de red deben constituir un instrumento financiero que ampare a los usuarios conectados a su sistema.
Se presentan cuatro capítulos con orientaciones sobre cómo entender el diálogo social en la participación ciudadana, ¿qué es el control social? y ¿cómo la ciudadanía puede ejércelo?
El aparte demandado persigue finalidades que no están prohibidas constitucionalmente, explicó el alto tribunal.
Como consecuencia de las modificaciones establecidas, se modifica igualmente el numeral 4.23.2 del Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en A. M.
La garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o un servicio y satisfacer las necesidades de adquisición.
Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de garantizar el acceso físico o electrónico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales.
Los desplazamientos que adelanten dichos funcionarios a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen.
Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de confirmar una sentencia que absolvió a la Fiscalía General de indemnizar a un militar que fue detenido preventivamente dentro de una investigación por falsos positivos.
El Consejo de Estado adoptó dicha decisión al resolver una demanda de nulidad electoral presentada en contra de dicha elección. Aprovechó para unificar la jurisprudencia respecto al alcance de una expresión del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.
Se trata de dos hechos jurídicos diferentes, donde cada uno se constituye en un hecho generador del impuesto.
El Consejo de Estado encontró que en este caso se configuró la fuerza mayor, lo que exime al Estado de su responsabilidad. El alto tribunal recordó los elementos que deben concurrir para que esta se configure.
Corresponde a la administración valorar en cada caso concreto y particular las condiciones particulares del trabajador.
La población se vacunará de manera gradual con el biológico disponible, siguiendo los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el covid-19.
La Supersociedades muestra cómo emprender, cómo formalizar el emprendimiento, qué es una sociedad y cómo consitutirla.
La entidad invita a revisar el proyecto de resolución y a enviar comentarios hasta el 8 de agosto, diligenciando la matriz respectiva en el sitio web de la entidad.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la sentencia de primera instancia, que declaró responsable disciplinariamente a un abogado.
El CTCP recordó que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad debe clasificarse dentro de los grupos establecidos.
En el desarrollo del documento se dan a conocer generalidades en cuanto a los tipos y clasificación de los agentes biológicos y se plantean algunos controles para que las empresas mitiguen los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
El Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer la lista de preseleccionados para ocupar las vacantes que quedarían abiertas dentro de las salas Penal, Civil y Laboral luego de que cuatro magistrados actuales terminen sus periodos. En total fueron escogidos 112 candidatos.
Con una de estas normas se decide un recurso de reposición interpuesto contra una resolución anterior.
Este dictamen es una prueba que, en la medida de lo posible, se valora y solamente cuando es imposible su apreciación para llegar a la realidad material se incurre en un error grave.
Las entidades que se encuentren desarrollando las actividades de financiación colaborativa tendrán seis meses para implementar las instrucciones establecidas.
Se trata de una facultad de las empresas prestadoras y decisión de los usuarios acogerse a ellos o no.
La imposición unilateral de multas contractuales no era viable antes de la expedición de le Ley 1150 del 2007, explicó la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Icfes aclara que las etapas contenidas en la Resolución 090 y las demás resoluciones emitidas que no se modifican expresamente continúan vigentes.
Se previó la priorización de la vacunación de las embarazadas y las que se encuentren en los primeros 40 días posparto, sin importar la etapa en la que se halle el plan y de acuerdo con las recomendaciones del laboratorio fabricante.
La Dirección del centro de reclusión de Popayán están siguiendo las directrices fijadas por la Dian sobre la implementación del IVA respecto de los productos vendidos a la población reclusa.
El holding financiero está definido como cualquier persona jurídica o vehículo de inversión que ejerce el primer nivel de control.
Si se requiere realizar corrección o remplazo de la información, esta deberá realizarse en forma virtual, de acuerdo con las características y condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico.
Al casar la sentencia absolutoria de segunda instancia, la Corte reiteró la necesidad de aplicar el enfoque de género a este tipo de casos. Se recordó que no puede exigirse un comportamiento determinado por parte de la víctima como presupuesto para sancionar la conducta.
Se sugiere al contador guardar los soportes de los documentos fuente utilizados para las afirmaciones incluidas en las certificaciones.
La declaratoria de disolución marca el inicio del proceso liquidatorio de la sociedad, cuya finalidad es el pago ordenado de obligaciones.
La causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de tiene su razón de ser en el compromiso que adquiere el elegido con sus electores.
En un documento anexo se especifican los ejes, estrategias, líneas de acción y financiación de la política.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del inciso 2º y el inciso 3º del parágrafo del artículo 8 de la Ley 1421 del 2010.
Igualmente, se amplían las obligaciones de estas personas y se establece un artículo independiente para los cargos que se entenderán como PEP extranjeros.
Los municipios deberán incluir en su presupuesto de gastos la transferencia del 15 % con destino a la Policía Nacional.
Según el decreto, Mininterior está habilitado para ejercer las funciones constitucionales como ministro delegatario durante la ausencia del mandatario.
La Corte Constitucional dio a conocer el fallo que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 7 del artículo 211 del Código Penal. A través del condicionamiento se clarifica que la discapacidad no hace automáticamente a una persona incapaz de resistir un acto sexual.
A la luz del artículo 68 de la Ley 336 del 1996, el transporte aéreo está calificado como un servicio público esencial.
El Ministerio de Agricultura decidió ampliar el plazo establecido en el artículo 2.13.1.12.6 del Decreto 1071 del 2015, con el fin de minimizar los posibles impactos negativos para el sector y para el país.
Se trata de un reciente decreto expedido por el Ministerio de Vivienda que hace ajustes en el Decreto 1077 del 2015.
El ente acusador publicó el acuerdo mediante el cual abre la convocatoria y establece sus reglas. Próximamente se informarán las fechas de apertura de inscripciones.
El ministerio modifica el artículo 2.2.13.13.3. del Capítulo 13 del Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 del 2016, para la adición de una disposición que permita, vía excepción, el acceso al mecanismo BEP.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, no es posible analizar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada y declarada inexequible.
La Dian informa sobre la aplicabilidad y acatamiento de lo precisado frente al tema por parte de la URF, en respuesta a la solicitud de esta entidad sobre seguros de cumplimiento.
Iniciativa popular es el mecanismo contemplado por el constituyente para que la sociedad se pronuncie y alce su voz en el marco de la creación normativa.
El documento incluye 17 proyectos de Invías para invertir $ 4,87 billones en más de 1.600 km de la red de transporte nacional entre 2022 y 2030.
Para ser elegido alcalde se requiere haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o área metropolitana.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por la Seccional de la Judicatura de Chocó.
La suspensión de los servicios de alcantarillado y aseo podría afectar a los demás miembros de la comunidad.
La emisión financiará gastos asociados a un portafolio diversificado de 27 proyectos de inversión hasta por $ 2 billones, en áreas como saneamiento de agua, transporte limpio, servicios ecosistémicos y protección de la biodiversidad.
Ya fueron designados los ponentes de la nueva reforma tributaria en todas las comisiones económicas del Congreso, el proyecto cuenta con mensaje de urgencia.
La Comisión de Disciplina Judicial revocó un fallo que declaró responsable disciplinariamente a una fiscal por su inasistencia a unas audiencias. La Sala tuvo en cuenta la elevada carga laboral de la mujer, así como el hecho de que presentaba un embarazo de alto riesgo.
El consumidor está habilitado para modificar su decisión de compra, siempre y cuando ejercite el derecho dentro de la oportunidad.
Sancionan a un profesional del Derecho con suspensión de 18 meses en el ejercicio de la profesión y multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales.
La solicitud que efectúe un contribuyente para la devolución se regirá por el procedimiento general vigente aplicable.
La medida será aplicable exclusivamente para aquellas solicitudes de acuerdo de pago que se radiquen ante la autoridad minera a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma.
Así lo dio a conocer el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus redes sociales. Para acceder a la vacuna se habilitó un formulario para diligenciamiento de datos y la jornada se adelantará en el Palacio de Justicia.
El comité sesionará, de manera presencial o virtual, con la asistencia a las reuniones de la mitad más uno de sus miembros, y las determinaciones se adoptarán mediante el voto de la mitad más uno de los asistentes.
Bajo el marco de un auto proferido el 26 de junio del 2019 por la Sala Plena del Consejo de Estado se consideró como criterio jurisprudencial las dos las decisiones susceptibles de este recurso.
La prohibición rige para la entidad cuya naturaleza jurídica sea la de filial, subsidiaria, agencia o sucursal y no para la persona jurídica.
El plan incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros.
Sin embargo, la empresa debe vigilar que tenga a su disposición todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Constituye una carga para los interesados probar el supuesto de hecho si pretenden que se profiera un fallo favorable a sus pretensiones.
Se pretende garantizar recursos de vigencias futuras ordinarias para el periodo 2021-2025 por $ 1.964 millones y vigencias futuras excepcionales para el periodo 2022-2025 por un valor de $ 801.290 millones.
Con la Resolución 4201 del 2021, se adopta el Manual operativo modalidad de acogimiento familiar hogar sustituto.
El primer fundamento de la trasgresión es que esta ley fue aprobada como ley ordinaria y no como estatutaria.
No puede haber cruce de horario y el tiempo total de las vinculaciones con el Estado no debe sobrepasar de 12 horas diarias y 66 a la semana.
Se fija la obligación de reporte de la información de planes tarifarios para todos los operadores que presten servicios móviles, sobre sus ofertas tarifarias, incluidas las relacionadas con los servicios fijos.
Uno de los criterios básicos que deben ser observados sobre la posibilidad de modificar las inscripciones de los candidatos es el respeto a la titularidad de los postulantes.
Con las medidas se busca que los agentes cuenten con la mayor información posible de la oferta de producción disponible para la venta en firme y flexibilizar la comercialización y contratación del gas firme disponible de corto plazo.
La entidad considera necesario modificar la fecha máxima para la adopción del anexo técnico documento soporte, con la posibilidad de que sea una nueva versión.
La aplicación de la tarifa especial del servicio público domiciliario de aseo no implica la exoneración en el pago del servicio.
Sala Penal precisó que no basta con que en la acusación y en la sentencia se indique con precisión el fundamento normativo de la circunstancia de agravación.
El decreto no es de asistencia militar, sino para desarrollar una función constitucional que tiene el Presidente de la República, argumentó el mandatario.
De acuerdo con el comunicado del alto tribunal, dicho decreto amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que perturbarían el orden público tienen que ver con funciones que están a cargo de la Policía Nacional, no de las fuerzas militares.
Es necesario que tanto el suscriptor potencial como el inmueble cumplan con las condiciones que señale el prestador.
Con la norma se establece el diseño oficial del reporte mensual de venta de combustibles a nivel nacional.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 1 (parcial) y 24 (parcial) del Decreto 588 del 2017.
La norma permite la exportación con valor agregado y autoriza el ingreso de la flor a zonas francas para ser cortada, secada y realizar actividades de transformación.
La Sala declaró la nulidad de la expresión “libre nombramiento y remoción” del artículo 1 del Decreto 4353 del 2005, el cual modificó la nomenclatura y clasificación de empleos de la Aerocivil, por violar el artículo 125 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 del 2004.
El Consejo de Estado conoce los actos administrativos de autoridades nacionales proferidos en estados de excepción.
El objetivo es evitar conflictos de intereses por información que después pueda ser utilizada en contra de la administración pública.
La Sala Penal de la Corte revocó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó el reconocimiento como víctima a Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave dentro del proceso en contra del expresidente Uribe.
La importancia de esta iniciativa radica en la necesidad de contar con principios fundamentales que rijan los términos de cooperación internacional para la realización de actividades espaciales.
El profesional incurrió en un comportamiento evasivo, reiterado y renuente para callar la verdad del proceso respecto a los requerimientos de su cliente.
Fueron demandadas expresiones del artículo 1 de la Ley 61 de 1993, así como los artículos 76 y 77 del Decreto ley 356 de 1994. Las normas son acusadas, entre otros cargos, de violar el principio de legalidad y la reserva de ley establecida por la Constitución.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró las condiciones de configuración de la nulidad procesal en casación.
Con la Circular 012 informó que el Gobierno de EE UU incrementó el cupo de azúcar sin refinar y panela en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Es necesario revisar los términos de la relación contractual, para verificar si está obligado o no a entregar ‘backups’ o copias.
Uno de los pilares del sistema penal establecido en la Ley 906 del 2004 es el derecho de confrontación de la prueba.
Cabe señalar que, con el fin de reglamentar lo dispuesto en la Ley 1618 del 2013, Mintransporte expidió una norma para definir los requisitos bajo los cuales se otorga dicho beneficio.
Al confirmar un fallo de primera instancia que dio por terminado un proceso disciplinario en contra de una abogada, la Comisión recordó cómo se cuentan los términos de prescripción de acuerdo con la Ley 1123 del 2007.
Este ajuste permite acreditar la idoneidad del futuro contratista para ejecutar proyectos relacionados con el sistema de intervención o construcción de un determinado acueducto.
Para que el juez estudie una tutela el interesado debe probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición.
Las características de dicha situación administrativa son conocidas previamente por la persona que es nombrada.
Deberán ser los apoderados de cada proceso los encargados de evaluar la calificación del riesgo procesal y determinar la provisión contable con el objetivo de que haya congruencia entre estos dos elementos.
Así lo reveló el ministro Fernando Ruiz, al exponer que con la apertura del grupo de 30 a 34 años semanalmente se estarán abriendo quinquenios para la vacunación.
El juez de primera instancia evidenció que solo se había entregado un 28 % de las ayudas programadas para los grupos indígenas.
La metodología de priorización comprenderá dos etapas: puntaje por criterios de priorización y puntaje por análisis de las características de los proyectos.
La ley no ha establecido una forma única para entregar la información mínima de productos a los consumidores.
La Sala Plena de la Corte Constitucional anunció una nueva decisión sobre la eutanasia en la que amplió la condicionalidad de la exequibilidad del tipo penal del homicidio por piedad a enfermos no terminales.
Al casar una sentencia dentro de un proceso de responsabilidad del administrador de una sociedad, la Sala Civil de la Corte aprovechó para recoger las generalidades del régimen de responsabilidad de los administradores en materia societaria.
Los ajustes buscan generar mayor eficiencia en el Sistema General de Pensiones, reducir los tiempos de los trámites asociados al bono pensional y mejorar el proceso.
El Ministerio de Defensa, el Ejército e Isagén habían sido condenados por la muerte de un ingeniero dentro de una central hidroeléctrica bajo el título de imputación por riesgo excepcional.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la providencia que declaró responsable a este fallador por el desconocimiento del literal (a) del artículo 16 de la Ley 497 de 1999.
Dados los procesos de desarrollo que se están realizando en el nuevo Sistema de información de contribuciones, la CRC considera que se requiere contar con datos históricos del sistema actual que funciona sobre el SIUST.
Esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Ley 946 del 2014, con el cual se creó la unidad de planeación y se determinó su estructura.
Esta norma suspendió la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios para determinados productos y se estableció, hasta el 30 de junio de 2020, un arancel del 0 % para esos elementos.
La decisión la tomó el Consejo de Estado luego de negar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María del Pilar Hurtado en contra de la decisión de la Procuraduría que la destituyó en 2010 por su participación en las chuzadas del DAS.
Deberán observar aspectos fundamentales como su naturaleza y los regímenes jurídico, tributario y laboral aplicables.
El ordenamiento jurídico vigente dispone dos procedimientos aplicables para lograr la devolución de estos bienes inmuebles.
La implementación de la tarjeta será a través del Software sistema de información de alojamiento turístico (SIAT) del ministerio, contendrá toda la información que deberá ser diligenciada por prestadores de servicios de alojamiento.
El Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
La construcción y dotación de este hospital se enmarca en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022: Pacto por Colombia.
Tampoco le corresponde al superintendente impartir autorización, aún en eventos en que medie solicitud.
Declaran inexequible la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, establecido en el PND 2018-2022
El Sistema de seguimiento, evaluación y control (SSEC) comprende un diseño operacional que prevé la gestión de la información de aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Se recomienda establecer portafolios de actividades y evidencias de lo que los estudiantes elaboran en casa.
Cuentan con un componente de reforma a la estructura orgánica de la Policía para incorporar mejores prácticas, competencias, una dirección de derechos humanos y un componente de servicio policial en la renovación del sistema de cuadrantes.
Incurre en este delito quien con la obtención de informes secretos de carácter militar pone en riesgo la seguridad del Estado frente a otros Estados y no la seguridad pública interior.
El Ministro de Justicia pretende llenar vacíos normativos existentes, unificar la reglamentación sobre el tema y quitar barreras para acceder a dichos mecanismos.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial modificó parcialmente la sentencia y en su lugar impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 18 meses.
Al resolver una tutela interpuesta por el padre de crianza de la menor, el alto tribunal protegió el interés superior de esta y explicó que, en reconocimiento de las diferentes formas de familia existentes, tenía que protegerse tanto el vínculo sanguíneo como el de crianza.
El impuesto se causa cuando tiene lugar alguno de los supuestos señalados por el legislador, con excepción de los expresamente excluidos.
Los reparos se centran en los artículos 2°, 4° y 7° y en la expresión “mujeres”.
La incorporación solo sucede cuando el predio no existía dentro de dicha base y se ingrese con ocasión de cualquiera de los procesos catastrales.
Medellín y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos.
El artículo 196 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 precisa que las entidades públicas deben dar prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años.
El beneficio está dirigido a aquellas ex madres que prestaron sus servicios por más de 10 años pero que hoy a pesar de tener la edad de pensión no pueden acceder a ella o al programa de los BEP.
Entre otros eventos, cuando en su cálculo se haya incurrido en errores aritméticos o no se hayan tenido en cuenta los parámetros legales.
El afiliado que aspira a la pensión de vejez dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad antes del cumplimiento de la edad debe autorizar la negociación del bono.
La entidad oficial deberá publicar un aviso con el fin de que todos los posibles beneficiarios se presenten a reclamar.
La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que la pérdida de derechos políticos debe ocurrir como consecuencia de una condena de naturaleza penal.
Se trata de una carta circular con la cual se hace un llamado a las entidades vigiladas para cumplan con las obligaciones indicadas en la norma.
La nueva funcionalidad permite la automatización de procedimientos como la presentación, autorización, solicitud de prórroga y finalización de la importación temporal.
Los deberes de la Policía, el Presidente de la República, el gobernador y el alcalde no implican que el Estado sea un asegurador general contra daños.
La multa supera los $ 370 millones y fue impuesta luego de que se encontrara información insuficiente y publicidad engañosa.
Es competencia de la respectiva entidad determinar si en el caso concreto este llamado de atención está tipificado.
La Sala Civil casó una sentencia de un proceso ordinario de unión marital de hecho en la cual se decretó cosa juzgada, sin tener los requisitos para ello.
Contempla mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50 %, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial así lo consideró luego de revocar una decisión de primera instancia que había multado a una mujer por presentar una queja en contra de la jueza que adelantaba un proceso ejecutivo en su contra.
En todo caso, el propietario del bien afecto a la servidumbre podrá obtener una indemnización por la imposición de la misma.
Siempre y cuando haya estado vinculado a la sociedad al momento del hecho que dio lugar a la sanción.
Así lo recordó el Consejo de Estado luego de dejar sin efectos una sentencia proferida por un juzgado administrativo en la que ordenaba indemnizar a un recluso del INPEC, pese a que ya había una orden judicial preexistente que lo reparaba por los mismos hechos.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que el parágrafo 1º del artículo 1° de la Ley 860 del 2003 fue condicionado por la Corte Constitucional.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó que de los hechos denunciados no se configura ningún tipo de falta disciplinaria en cabeza de la profesional.
Es necesario verificar información, reportes y demás actividades que deben adelantarse con el rigor y la transparencia que ello implica.
So pena de quedar incursas en el delito de captación masiva y habitual previsto en el Código Penal.
Mañana se instala la última legislatura del actual Congreso, se tramitarían varias iniciativas que surgieron a raíz del paro nacional.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que al ser un modo de extinción de las obligaciones el mutuo disenso puede ser expreso o tácito.
En el examen de procedibilidad de la medida solicitada deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela.
El objetivo de la Ley 2104 es fortalecer las relaciones del país con la Unión Europea y ampliar la oferta financiera.
Pese al amplio margen de interpretación de los jueces, no pueden, ante las diversas interpretaciones de una norma, elegir la desfavorable al trabajador.
Además de la suspensión del plan de vacunación y otras pretensiones, la tutela buscaba que se convocara a una consulta popular para que la gente decidiera sobre la llegada de vacunas al país.
El objeto de la imputación generalmente no se prueba directamente, sino que requiere la elaboración de hipótesis inferenciales con base en probabilidades.
El trabajador deberá tramitar el documento en un término de 18 meses a partir de la vinculación laboral.
Por su parte, el suscriptor y/o usuario cuenta con un término de dos meses para adoptar las medidas necesarias para corregir.
La Corte Constitucional explicó que este debido proceso no es un concepto absoluto, sino que presupone distinciones ordenadas por la propia Carta Política y por la ley.
Esta etapa incluye a los ciudadanos entre 35 a 39 años, los cuales podrán acceder a la vacuna sin agendamiento, al igual que los mayores de 40.
La demanda había sido interpuesta en contra del inciso que le otorgó facultades extraordinarias al Presidente para ampliar y modificar la planta de personal de la Contraloría General.
La Sección Segunda del Consejo de Estado afirmó que el derecho a la prima técnica se puede consolidar de dos formas.
La Ley 2102 del 2021 exalta a los habitantes de Chiquinquirá por sus aportes a la Nación como benefactores del desarrollo cultural, económico y social en el departamento de Boyacá.
El contador cumplirá las funciones a las cuales se haya comprometido. Además, tiene derecho a recibir una remuneración por sus servicios.
La Corte Suprema explicó que se respeta la discreta autonomía del juzgador, siempre y cuando parta de una objetiva constatación de la demanda y el examen objetivo de sus elementos.
El convenio multilateral permite a las personas que hayan prestado servicios en uno o más de los Estados firmantes beneficiarse de las cotizaciones efectuadas.
El contador cumplirá las funciones a las cuales se haya comprometido. Además, tiene derecho a recibir una remuneración por sus servicios.
Entre los valores fundamentales de las libertades sindicales está la libertad de opinión y de expresión, explicó la Sala Laboral.
