El derecho procesal no puede constituirse en un impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe procurar la realización de los derechos materiales.
La iniciativa propone que los empresarios accedan a la tierra de los campesinos para que, de manera asociativa, la aporten como primera opción o la vendan.
La organización Amnistía Internacional pidió a las autoridades colombianas acelerar los trámites y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan a sus predios.
Cuando la restitución jurídica y material del inmueble despojado es imposible o el despojado no puede retornar, el Estado debe ofrecer alternativas de restitución.
La propuesta incluye la figura del “terrorista solitario”, con la que se prescinde de la norma actual que obliga a la fiscalía a demostrar la pertenencia de un sospechoso a una asociación ilegal.
Cerca de 100 hectáreas despojadas por el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, fueron devueltas a familias víctimas del paramilitarismo en Córdoba.
Se acordó trabajar en un plan de prevención y protección para estos líderes en Córdoba, Bajo Cauca, Medellín, Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Cesar y Atlántico.
Se acordó trabajar en un plan de prevención y protección para estos líderes en Córdoba, Bajo Cauca, Medellín, Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Cesar y Atlántico.
La Corte Constitucional exhortó a la Fiscalía para que investigue las eventuales estructuras delictivas detrás de la apropiación irregular de tierras de la Nación.
En los territorios donde habiten comunidades beneficiarias de regalías, se debe garantizar esa participación, para concertar sus prioridades e invertir en sus necesidades.
Es inconstitucional negar la inclusión en el RUV a una persona que afirma ser desplazada, argumentando que los hechos no se dieron con ocasión del conflicto.
Así lo afirmó la abogada experta en Derecho Ambiental Gloria Amparo Rodríguez, en el marco del X encuentro de la jurisdicción constitucional, que se realiza en Ibagué.
La medida, que se desarrollará gradualmente durante el 2015, sin afectar la seguridad de los protegidos, permitirá un ahorro de 30.000 millones de pesos anuales.
Esta población fue declarada en peligro de extinción y sufrió amenazas contra su integridad física y cultural, debido al conflicto armado y otros factores vinculantes.
El impulso de un paquete normativo en diferentes ramas del Derecho y la fluidez de las relaciones con las altas cortes fueron dos logros del Gobierno. La fallida reforma a la justicia, su principal desacierto.
El Ejecutivo reglamentó la ruta y el orden de acceso a las medidas de reparación individual dirigidas a esta población, particularmente cuando se den por vía administrativa.
La prosa de Germán Arciniegas se mantiene viva, alegre y batalladora. No ha perdido su encanto. Lo confirman estas crónicas, perfiles y ensayos sobre el Paraguay.
Los principios de democratización y acceso progresivo a la propiedad de la tierra no resultan materialmente afectados al acceder a solicitudes de restitución.
El artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no es un obstáculo para que las autoridades administrativas destituyan funcionarios elegidos por voto popular.
La restitución comprende el restablecimiento de la libertad, los derechos legales, la situación social, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía de la víctima.
El territorio en el que sean reubicadas debe tener características materiales similares a las que poseían los terrenos que fueron abandonados por causa del desplazamiento.
Estos asuntos no pueden estar supeditados a una actuación administrativa, sino que deben ser resueltos únicamente por vía judicial, advirtió la Corte Constitucional.
Desde el 2007, la Corte ordenó salvaguardar el derecho a la vida y la seguridad personal de los líderes de la población desplazada y los desplazados en situación de riesgo.
La decisión de la Comisión, que protege los derechos políticos del mandatario, se extiende a quienes apoyaron en las urnas su programa de gobierno, indicó el Tribunal Superior de Bogotá.
En el fallo, el alto tribunal comparó el homicidio de un comerciante con los métodos de fusilamiento que la corona practicaba contra los criollos en el siglo XVIII.
Las disposiciones excluidas del ordenamiento jurídico impedían a estos tribunales tasar las afectaciones causadas a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.
Los jueces de la República han hecho una labor titánica en la protección de los derechos de las víctimas, afirma la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La Ley de Justicia y Paz no se ha convertido en un instrumento importante de la justicia penal, afirmaron los representantes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Para la formulación de estas políticas, se contó con procesos participativos que permitieron involucrar a 19.000 personas y más de 9.000 organizaciones, en 33 reuniones.
Son necesarias unas averiguaciones extremadamente diligentes sobre el contexto social y político y las afectaciones causadas por el conflicto armado interno.
Según las estimaciones de la Fiscalía, los bienes que a la fecha tienen decretada medida cautelar son 469, que continuarían su proceso por Justicia y Paz.
Para acelerar el proceso, se tiene previsto cumplir con el desalojo de siete predios invadidos ilegalmente, tres de los cuales serán desocupados en los próximos dos meses.
De acuerdo con la URT, están pendientes de resolver 34 órdenes de compensación, en las que, por motivos de seguridad o condiciones del terreno, las familias no han podido retornar.
Este proceso histórico marca el inicio del litigio en línea y representa un avance significativo en la transformación cultural, afirmó el Consejo Superior de la Judicatura.
En la jornada se identificó un alto número de casos de desplazamiento forzado y de secuestros, cometidos por grupos al margen de la ley entre los años 1995 y 2004.
El plazo para que la alcaldía emita el acto administrativo no es obstáculo para materializar el derecho fundamental a la restitución, que debe ser inmediato.
A diferencia de la restitución de tierras en casos individuales, la ruta étnica, en su totalidad, es colectiva, tanto con comunidades indígenas como con afrodescendientes.
El Decreto 3011 del 2013 organiza el alistamiento, recepción, transferencia y administración de bienes entre las autoridades encargadas de la ejecución de estas normas.