Reforma a la justicia y formación de los abogados (I)

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo Acofade

 

NTRODUCCION

iversidad de Medellad de Medellnstitucional

Para el presidente de la República, Juan Manuel Santos, llegó la hora de reformar la justicia en Colombia. El próximo mes de marzo, según anuncio del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se radicaría el proyecto de ley en el Congreso. Con estas declaraciones, se evidencia que la justicia, como una de las tres ramasa de las tres ramas más importantes del Poder Público, ha llegado a su límite de credibilidad.

 

Cinco razones explicarían este desgaste: escándalos constantes sobre el funcionamiento irregular de las altas cortes, magistrados involucrados en situaciones delicadas al momento de realizar elecciones de altos cargos, choque de trenes entre las altas cortes, grandes niveles de congestión y avance considerable de la justicia arbitral.

 

Niveles de corrupción

Esto confirma que, tal vez, Colombia está llegando a niveles de corrupción insostenibles, a pesar de que, desde hace mucho tiempo, pagar sobornos es un delito en el país, que puede llevar a condenas entre 6 y 12 años de cárcel, según el Código Penal, además de las sanciones disciplinarias y pecuniarias que trae el Estatuto Anticorrupción.

 

Así, se corroboran los resultados de una reciente encuesta realizada por el organismo Transparencia Internacional, la cual revela que más de la mitad de la población colombiana (56 %) cree que en los dos últimos años la corrupción en el sector público ha aumentado; buena parte de los encuestados (62 %) admite que la corrupción en el sector público es un problema grave; otros (66 %) consideran que son necesarios los contactos con funcionarios para agilizar los procesos o para obtener un servicio (39 %). Por su parte, un porcentaje de los encuestados (28 %) piensa que la corrupción es un verdadero “cáncer” que corroe las instituciones públicas. Aún más grave es que 6 de cada 10 personas cree que el Gobierno no ha ejecutado acciones eficientes para combatir ese mal.

 

Justicia, mal librada

De los encuestados, el 27 % reconoce haber pagado sobornos a la Policía y el 19 % lo ha hecho a operadores del sistema judicial, siendo esta una de las instituciones a la que más sobornos se le pagan. Llama la atención que el 10 % dijo que ha tenido que pagarlos para servicios relacionados con tierras.

 

La percepción sobre la corrupción en el país se mantiene. Estamos en el puesto 94 en el mundo, entre 177 naciones estudiadas, y en el puesto 18 en América Latina. En su orden, las instituciones más corruptas para la institución son, según los encuestados, las siguientes:

 

(i) El Congreso (40 %).

(ii) La Policía (39 %).

(iii) El sistema judicial (34%).

 

Todo lo anterior demuestra que el desgaste es considerable y que el Gobierno Nacional debe reaccionar y buscar una solución estructural que ponga fin a los desmanes en la justicia. Pero este tipo de reformas ya no se hacen unilateralmente desde arriba hacia abajo, sino desde la base hasta llegar al Congreso.

 

En este tipo de democracia constitucional, todas las representaciones posibles de la sociedad deben intervenir en la discusión y el aporte de soluciones. Así, debe consultarse con suficiente antelación, en mesas abiertas de diálogo y con transparencia política, a las universidades, los colegios de abogados, las asociaciones de juristas, las asociaciones de procesalistas, los centros de estudio de Derecho Procesal y Constitucional, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), los grupos de investigación, la Corporación Excelencia en la Justicia, las autoridades independientes, las autoridades indígenas, los jueces de paz, las cámaras de comercio y los centros de conciliación y arbitraje.

 

Una nueva oportunidad de cambio

Desde Acofade creemos que una adecuada reforma a la justicia debería comenzar por  revisar los contenidos de los programas de las facultades de Derecho, para saber, a ciencia cierta, si desde estos escenarios de formación se está haciendo lo necesario para la correcta formación de los abogados y el buen funcionamiento de la justicia que necesita nuestro país.

 

Para el efecto, lo primero que se debe realizar es un balance serio y actual sobre el tipo de abogados y jueces que estamos formando en Colombia desde 1991, así como lo está realizando actualmente el Ministerio de Justicia y Acofade, estableciendo ciertos lineamientos y orientaciones generales para los programas de formación en Derecho de las universidades públicas y privadas de todo el país.

 

El Ministerio de Educación, a quien corresponde el cambio de reglamentación, no ha establecido cuáles son las competencias mínimas que deben contener los nuevos programas de Derecho, pero, mientras tanto, podría fortalecer, con la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) y el Consejo Nacional de Acreditación, el programa de calidad con pertinencia, el cual ha venido calando en las universidades que han obtenido la acreditación de alta calidad educativa.

 

Esto es urgente, ya que el Plan de Nacional de Desarrollo vigente establece, en su artículo 10: “La política pública educativa del Gobierno Nacional contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 deberá armonizarse con los propósitos y lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016”.

 

El mencionado Plan Decenal, que es un referente obligatorio de planeación para todas las instituciones educativas, estableció macro metas y metas dirigidas al fortalecimiento de la calidad de la educación, en todos sus niveles. Las mismas anticipan que, para el 2016, se debe rediseñar, fortalecer y contextualizar los currículos desde la educación inicial hasta la superior, para desarrollar, mediante programas flexibles y pertinentes, las capacidades de aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer.

 

Esto con el fin de alcanzar, por medio del aprendizaje, las dimensiones científicas, técnicas, tecnológicas, humanistas y artísticas, así como las competencias generales y específicas que necesita desarrollar todo profesional en el futuro en un mundo altamente informatizado y globalizado.

 

Dado que la educación jurídica de nuestro país ha estado enmarcada dentro de un modelo tradicional teórico de cátedra magistral, las nuevas técnicas y tecnologías de aprendizaje desde el campo del saber no han sido todavía adoptadas como política educativa en la legislación que acompañó el Plan de Desarrollo que termina este año.

 

Por ello, la reforma a la justicia que se anuncia debería priorizar el cambio curricular de los programas de Derecho, para poder modificar las prácticas indeseables de abogados y jueces de nuestro país y, así, realizar un verdadero cambio en el accionar ético y responsable de los operadores del Derecho. Al menos, esto daría cumplimiento a lo que ordena el Plan Nacional Decenal, que se vence en el 2016, y sobre el cual la enseñanza y el aprendizaje del Derecho no han visto ninguna transformación.