Predios abandonados por víctimas de masacres de Pichilín y Las Piedras serían restituidos

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), en convenio con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), interpuso cinco demandas colectivas para la restitución material y jurídica de cerca de 1.030 hectáreas, a favor de 72 familias campesinas del municipio de Morroa (Sucre), gravemente afectadas por la lucha territorial entre las guerrillas y las autodefensas.

Las solicitudes ponen en manos de jueces especializados el reconociendo y la protección de los derechos de los adjudicatarios iniciales de los predios de mayor extensión de las zonas Tarapacá, La Lata, Nueva Granada, Asmon y otros sectores de Pichilín.

Las acciones judiciales presentadas por la CCJ fueron producto de la reciente microfocalización realizada por la URT en el municipio de Morroa. Según la unidad, la intervención, que se abrió en abril, permitió atender de manera prioritaria las solicitudes de ingreso al Registro de Tierras presentadas sobre un área que supera las 9.500 hectáreas.

“Los casos estudiados por la URT con esta intervención dan cuenta de la ruptura del tejido social de comunidades campesinas que sostenían fuertes lazos organizativos y sufrieron las consecuencias de la violencia sistemática vivida en la región. En ese sentido, las demandas pretenden que los jueces dicten medidas que lleven a un retorno en condiciones dignas y seguras a las víctimas, así como el restablecimiento económico y social de las comunidades”, señaló la entidad.

El área de Morroa, donde están ubicados los predios solicitados, representó para los actores armados un corredor estratégico hacia diferentes municipios de los Montes de María, por lo que fue escenario de disputas y conflicto de intereses

La masacre de Pichilín cobró la vida de 12 campesinos, familiares de algunos de los representados en las demandas. Salvatore Mancuso, máximo líder de las autodefensas en Córdoba, reconoció en sus versiones libres que la masacre fue realizada con hombres y armas de la Convivir Nuevo Amanecer.

El 10 de enero de 1999 se registró otro hecho de terror en el territorio: un grupo de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá entró al corregimiento Las Piedras, de Toluviejo, con el objetivo de perpetrar una masacre que enlutó a seis familias. En la localidad de Las Piedras, habitaban los 18 solicitantes del predio Tarapacá.

Como consecuencia de esta cadena de hechos victimizantes, un gran número de los adjudicatarios de los predios de mayor extensión de la zona decidieron desplazarse y abandonar sus propiedades, por temor a nuevas incursiones violentas.

Justamente, en julio pasado, el Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional y a la Armada Nacional a pagar más de 3.000 millones de pesos como indemnización a las familias de cinco campesinos que fueron asesinados en la masacre de Pichilín.

Según las pruebas aportadas al proceso, tanto la Policía como la Armada fueron cómplices, pues facilitaron las maniobras de los paramilitares que operaban en la región, al remover los puestos de control que existían en la vía por donde transitó ese grupo armado ilegal, con el fin de que pudiera desplazarse libremente por la zona y ejecutar su plan.