El Consejo de Estado determinó que el deslinde de los terrenos adjudicados en propiedad colectiva al consejo comunitario del río Curvaradó (Chocó) se dio por la acreditación que hicieron estas comunidades, ya que la administración puso en evidencia la falsa tradición, derecho incompleto o sin antecedente propio en los que se fundaba la anterior titularidad de los predios. La providencia destaca que mediante ese proceso tuvo lugar la reivindicación de los derechos a la identidad cultural, social y económica, frente a los cuales se vieron afectadas las comunidades étnicas desplazadas de la zona por causa del conflicto armado. Con esos argumentos, la Sala se abstuvo de acceder a las pretensiones de la firma Urapalma, que pretendía que se adelantara una acción de revisión que evitara el deslinde de 5.900 hectáreas que al parecer ocupó y explotó económicamente. Adicionalmente, la Sala rechazó, por improcedente, la demanda contra el establecimiento de los nuevos límites trazados en la zona, al considerar que lo propio era acudir a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionando los actos adjudicatarios que no fueron objeto de reproche ante la jurisdicción en su debido momento (C. P. Stella Conto).