Los procesos colectivos de restitución de tierras para 34 comunidades (más de 4.000 personas) víctimas de desplazamiento forzado que componen los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó avanzan rápidamente y se prevé, por parte del Ministerio del Interior, su conclusión antes de agosto próximo. Se trata de un compromiso adquirido desde hace más de tres años por la cartera política con esta población y en concordancia con lo dispuesto en seis autos de seguimiento proferidos por la Corte Constitucional. A corto plazo, para acelerar el proceso, se tiene previsto cumplir con el desalojo de siete predios invadidos ilegalmente. Tres de estos predios serán desalojados en los próximos dos meses. Respecto al derecho de autonomía organizativa, la entidad viene apoyando a las comunidades en la preparación de la asamblea eleccionaria, cuyo fin es elegir al representante legal y a los miembros de la junta directiva del consejo comunitario.