Ordenan recuperar baldíos adjudicados irregularmente a través de procesos de pertenencia

La Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) la adopción de un plan para la clarificación de los bienes baldíos de la nación con el objeto de evitar que se continúe con la apropiación ilegal de tierras.

En el mismo sentido, ordenó a la entidad adelantar los procedimientos tendientes a recuperar los terrenos baldíos adjudicados irregularmente a través de procesos de pertenencia.

La decisión fue proferida una vez se revocó el fallo en el que se ordenaba a un registrador la inscripción de una sentencia de pertenencia rural con la que un ciudadano se hizo propietario de un predio baldío sobre el cual venía ejerciendo posesión.

A juicio del alto tribunal, la propiedad de estos terrenos solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Incoder y no por las decisiones judiciales que defraudan el patrimonio público.

En el pronunciamiento, la Corte reprochó que el Incoder no contara con un inventario de bienes baldíos de la Nación pese a los 20 años transcurridos desde la promulgación de la Ley 160 del 1994.

“Esta deficiencia administrativa, a su vez, contribuye al fenómeno –histórico pero aún muy vigente- de la concentración excesiva de tierras, en tanto la falta de claridad y certeza sobre la naturaleza jurídica de los terrenos permite que estos sean adjudicados irregularmente mediante procedimientos judiciales ordinarios (declaración de pertenencia)”, expuso.

Agregó que al no estar calificado el perfil de los sujetos beneficiarios ni los límites de extensión del predio en unidades agrícolas familiares, se omiten los objetivos finales de la reforma agraria: acceso progresivo a la propiedad a los trabajadores campesinos y desarrollo rural.

Por eso, la Corte puso a cargo del control y seguimiento de su decisión a entidades como la Procuraduría, la Contraloría, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras, para evitar la extensión de esta problemática que amenaza a miles de hectáreas del Estado que por órdenes de jueces de la República están saliendo ilegítimamente de su dominio.

En el mismo sentido, exhortó a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen en el marco de sus competencias las eventuales estructuras delictivas detrás de la apropiación irregular de tierras de la Nación.

(Corte Constitucional, Sentencia T- 488, jul. 9/14, M.P. Jorge Iván Palacio)