El fenómeno de desplazamiento por la violencia y el abandono forzado de las tierras en Colombia hicieron imperativa la adecuación de la capacidad institucional del Estado para atenderlas y reducirlas, recordó un juez de restitución de tierras. En este sentido, reiteró que las reglas de adjudicación de baldíos para las víctimas del conflicto armado se reducen a la aptitud del predio, no acumulación de ocupaciones y la conservación de zonas ambientales protegidas; por lo tanto, le ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) expedir las resoluciones de adjudicación de baldíos a favor de cinco familias en el municipio de María la Baja (Bolívar) y ordenó al concejo municipal condonar las sumas por impuestos causadas entre los años 2000 y 2013 y la exoneración por el término de dos años más, entre otras medidas.