Paula Gaviria Betancur: “La sociedad no ha dimensionado la magnitud de nuestra tragedia”

 

 

 

 

Desde principios del 2012, Paula Gaviria Betancur asumió el desafío de dirigir una institución nueva en el andamiaje estatal soportado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (L.1448/11), que busca superar décadas de indiferencia frente al conflicto armado.

 

Esta abogada bogotana ha liderado desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) una tarea que compromete a toda la sociedad y que cobra especial relevancia ante una eventual salida negociada que le ponga fin a décadas de violencia.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo definiría a la UARIV ante un ciudadano del común?

 

Paula Gaviria: Es una entidad creada en el marco de una política administrativa de reparaciones, que responde a la necesidad de buscar alternativas de justicia ante la magnitud de los daños generados por la violencia. Las cosas que pasaron en Colombia fueron muy graves y el Estado tiene que disponer de todas las herramientas que tenga para dar respuesta a la mayoría de las personas.

 

Á. J.: ¿Cuántas víctimas están registradas ante la Unidad?

 

P. G.: La cifra es de 6.270.000, según la actualización hecha en febrero.

 

Á. J.: ¿Qué mensaje le envía esa cifra a la sociedad?

 

P. G.: Es un mensaje de vergüenza. Es un país con demasiadas víctimas, que hasta ahora está entendiendo y dimensionando la magnitud de la tragedia que ocurrió. Lo bueno es que refleja que estamos en un Estado que las reconoce y asume. Debemos prepararnos, como colombianos, para afrontar estas cifras y pensar en que, con la posibilidad de terminación del conflicto, estas pueden aumentar.

 

Á. J.: ¿Qué tan involucrada está la sociedad en la tarea de reparar?

 

P. G.: Un Estado no puede decidir afrontar ese pasado y encarar el futuro si la sociedad entera no asume que eso tiene que ver con ella. Hasta ahora, la sociedad no ha dimensionado la magnitud de la tragedia. El Estado provee una respuesta dentro de lo que le corresponde, pero es la sociedad la que acoge o rechaza a las víctimas. La responsabilidad también es de quienes perpetraron los hechos y este es otro tema importante. Se trata de exigirles un verdadero compromiso con la reparación de las víctimas.

Á. J.: ¿Se logrará la meta fijada para el 2021 en cuanto a reparaciones?

 

P. G.: Sí. El ejercicio que se hizo con la Ley 1448 tal vez es de los más juiciosos de planeación de política pública. La ley previó que su implementación contara con unos elementos básicos, como la sostenibilidad fiscal y la articulación interinstitucional. Un tercer elemento, fundamental, es la participación de las víctimas, que la dota de legitimidad.

 

Á. J.: ¿Qué proyecciones hay al respecto?

 

P. G.: Esta planeación se hace a partir del Documento Conpes 3712 del 1º de diciembre del 2011, donde se hacen unos cálculos y, de alguna manera, el Estado decide hacer una especie de reserva fiscal para darle sostenibilidad a la ley durante los 10 años de su vigencia. Por esos cálculos se toman unas decisiones en cuanto a las metas anuales, en donde, más o menos, la ejecución anual va de 6 a 6,5 billones de pesos.

 

Á. J.: ¿Cómo han ejecutado esos recursos?

 

P. G.: En el 2012, ejecutamos 6,3 billones; en el 2013, 6,5, y para el 2014, se prevé que sea de 6,7 billones, lo que quiere decir que hemos sido juicios y responsables con la ejecución de los recursos, así como con las metas.

 

Á. J.: ¿Qué tipo de metas?

 

P. G.: Hay unas metas muy concretas relacionadas con las indemnizaciones. La aspiración de la UARIV es cumplir esa meta antes de junio de este año. Se trata de 385.000 personas que se busca estén indemnizadas en este periodo presidencial. Hasta hoy, ya hemos cumplido con 360.000. Tenemos otra meta muy ambiciosa, que nos ha costado más trabajo, por la profundidad que exige y los actores que implica: la reparación colectiva. La meta para este cuatrienio es de 280 procesos. Vamos a llegar casi a 200.

 

Á. J.: ¿Cuál proceso de reparación colectiva está más avanzado?

 

P. G.: Hay procesos comunitarios muy avanzados, que tienen la ventaja de haberse iniciado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, institución de la Ley 975. La UARIV recoge estos procesos, los activa, y algunos de ellos, que tienen que ver con sentencias de Justicia y Paz, van muy bien, pues la articulación del Estado ha sido impresionante y se empiezan a ver resultados de retornos, restitución e infraestructuras. Hay procesos de carácter político y social con avances formidables, como el caso de organizaciones de mujeres y sindicatos. De este último nos sentimos orgullosos, porque avanza muy bien, y de los distintos ejercicios territoriales ya hemos elaborado un primer diagnóstico del daño. Los que pueden costar un poco más de trabajo son los procesos que implican colectivos étnicos, pero no diría que van mal, sino que van más lento que los otros.

 

Á. J.: ¿Qué ha hecho la UARIV para el cumplimiento de las condenas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)?

 

P. G.: Lo primero es que la mayoría de las sentencias de la Corte IDH son anteriores a la existencia de la Unidad de Víctimas. Desde que existimos, en enero del 2012, se han proferido tres sentencias contra Colombia. Solo en la de la Operación Génesis se hace referencia directa a la UARIV. Nosotros participamos en los diferentes comités para identificar dónde tenemos algún rol en el cumplimiento de las medidas, así no estemos determinados previamente en la sentencia.

 

Á. J.: ¿Las medidas ofrecidas responden a los requerimientos internacionales?

 

P. G.: Me atrevo a decir que el programa de reparaciones que tiene hoy la UARIV va mucho más allá de lo que ordena en sus fallos la Corte IDH, porque es un programa que tiene incorporado en la indemnización todo un proceso psicosocial de acompañamiento, de satisfacción y de reconocimiento.

 

Á. J.: ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad internacional a la tarea de la UARIV?

 

P. G.: La comunidad internacional ha visto con buenos ojos la propuesta de una alternativa de justicia transicional y de una ley de víctimas frente a lo que ha pasado en Colombia. Se reconoce el esfuerzo, y hay casi admiración en muchos países, por el hecho de emprender esta tarea en medio del conflicto armado. También se valora el hecho de que el Estado es quien pone la mayoría de los recursos para avanzar en este tema. Por eso, podemos decir que es residual el esfuerzo económico de la cooperación internacional, y así lo han entendido. Lo que hacemos con ellos es generar acciones de coordinación en donde ya no vale sustituir al Estado, sino que optamos por la complementariedad, donde esta cooperación ha sido muy generosa.

 

Á. J.: ¿Y la empresa privada?

 

P. G.: La Ley de Víctimas prevé que el fondo de reparaciones, heredado de la Ley de Justicia y Paz, puede ser enriquecido con donaciones, redondeo de vueltas, pago de multas de sentencias y otros, que es un llamado a aportar a las reparaciones. Hay algunos convenios con bancos y la voluntad de empresas de apoyar la reparación colectiva, sumándose a la construcción de medidas que pueden ser determinantes para una comunidad. Ellas pueden no ser tan costosas, pero sí determinantes. Sin embargo, todavía no es un propósito nacional, que no solo debe comprometer a la empresa privada, sino también a la academia.

 

Á. J.: Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?

 

P. G.: El esfuerzo de tocar puertas y de buscar respuestas. Sin embargo, la UARIV debería estar casi que inundada de propuestas de los privados para colaborar. Hasta que no logremos ese propósito, las víctimas no tendrán las oportunidades que necesitan. Hace falta un proceso de pedagogía cultural, de toma de conciencia, que espero que no nos tarde muchos años.

 

Á. J.: ¿Qué problemas han detectado en el ejercicio de los abogados, con respecto a la Ley de Víctimas?

 

P. G.: Es doloroso que algunos abogados se aprovechen de la desinformación, cobrando trámites o haciendo acuerdos para quedarse con un porcentaje de lo que corresponde a las víctimas. La ley contempla unas sanciones. Hemos denunciado nueve casos ante el Consejo Superior de la Judicatura, y en la Fiscalía hay 441 por conductas fraudulentas.

 

Á. J.: ¿Cómo es la relación con los jueces?

 

P. G.: Creo que los jueces de la República han hecho una labor titánica en la protección de los derechos de las víctimas, desde antes de que existiera esta institucionalidad o cuando se quedaba corta para dar respuesta a estos daños. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una utilización masiva de las acciones constitucionales para reclamar derechos. La Corte Constitucional ha definido los criterios que permiten hacer frente a la magnitud y la masividad, sin embargo, muchas veces algunos jueces nos obligan a adelantar ciertos trámites, lo que dificulta el cumplimiento de la tarea de la UARIV. No es algo que no se pueda solucionar. Estamos en una etapa de pedagogía y entendemos su función interpretativa a favor de la víctima, pero creo que nos hace falta conversar más sobre las apuestas estratégicas del Gobierno para llegar a un mayor número de personas con soluciones definitivas.