Luego de conocer, a través de medios de comunicación, del presunto asesinato de Jesús Adán Quinto, persona desplazada vinculada a los procesos de restitución de territorios colectivos en el departamento del Chocó, la sala especial de seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004 solicitó información a dos entidades públicas sobre las acciones concretas y resultados de las medidas de protección adoptadas. Para el caso de la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, deberá informar acerca de la protección a la vida e integridad física del señor Quinto y las conclusiones y resultados del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, que analiza las solicitudes de medidas de protección de líderes de restitución de tierras en la región, en especial de quienes pertenecen a las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó). Por su parte, la Fiscalía General de la Nación debe informar sobre los resultados de las investigaciones relativas al delito de desplazamiento forzado en la región (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).