Así lo solicitó el Consejo de Estado, tras los daños causados al oleoducto Transandino durante la “matanza de Puerres” (Nariño), en 1997. Luego de condenar a la Nación por falla en el servicio, como consecuencia de las omisiones de la fuerza pública para evitar o morigerar los efectos del atentado, la Sala pidió también que se investiguen las violaciones al DIH y los DD HH en las que incurrieron los insurgentes, dentro del esquema de priorización de casos. Tras los hechos en los que murieron 33 uniformados, 17 más resultaron heridos y otros tantos secuestrados, la corporación ordenó varias medidas de reparación integral, como actos públicos de reconocimiento a las víctimas y su inclusión en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otras (M. P. Jaime Orlando Santofimio).