Procurador advierte sobre riesgos de incluir el narcotráfico como conexo al delito político

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, cuestionó la propuesta del Gobierno de incluir al narcotráfico como conexo al delito político, pues, a su juicio, esa medida “busca blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”.

Ordóñez advirtió que tampoco se adelantaría una persecución penal por lavado de activos en contra de las FARC, organización que debe entregar a un fondo de reparación de sus víctimas los bienes obtenidos por actividades relacionadas con el tráfico de drogas, agregó.

“Los narcotraficantes de las FARC, comenzando por su cúpula, solicitada en extradición, en cualquier caso seguirán siendo perseguidos por otros Estados. Nada diferente a cumplir una pena de cárcel efectiva en el marco de justicia transicional les dará seguridad jurídica”, señaló el jefe del Ministerio Público.

El funcionario precisó que los límites que tiene el Congreso de la República para definir los delitos conexos con el delito político ya fueron señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-577 del 2013, relativa al Marco Jurídico para la Paz. Además, recordó que la propia Corte señaló que la calificación de delito conexo con el delito político, para efectos de participación política, no afecta la figura de la extradición, es decir, que esta se mantiene vigente.

“El narcotráfico es un delito común de carácter transnacional ejecutado por las FARC con el fin de acumular inmensas riquezas, representadas en tierras, ganado, empresas e inversiones, y que circula clandestinamente en el sector financiero nacional e internacional. Tal acumulación, que nada tiene que ver con el altruismo que caracteriza el delito político, la reconoce hasta el propio presidente de la República al referirse a las tierras despojadas por ese grupo criminal”, concluyó el Procurador.