“Los presupuestos desfinanciados pueden llevarnos a una dictadura tributaria”

Juan Martín Fierro

Director Ámbito Jurídico

@jmartinfierro

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son sus críticas puntuales al proyecto de presupuesto para el 2015 radicado por el Gobierno en el Congreso?

Iván Duque: En el Marco Fiscal de Mediano Plazo radicado en junio, se dicen cosas como estas: primera, que la tributación en los próximos 10 años se va a quedar estabilizada en el orden del 15 % del PIB. Segunda, que la inversión pública va a tener una tendencia decreciente, pasando del 2,9 % del PIB al 2 % del PIB al 2019. Tercera, que Colombia tendrá ingresos provenientes de la renta petrolera, sustentados en una producción de más de un millón de barriles diarios y en un precio de 100 dólares. Cuarta, se dice prácticamente adiós de manera gradual al cuatro por mil, y se despide para siempre el impuesto al patrimonio a partir del mes de diciembre. ¡Oh sorpresa! Dos meses después de radicado ese documento, el Gobierno nos dice: no señor, el impuesto al patrimonio hay que mantenerlo, lo mismo que el impuesto al cuatro por mil, y adicional a esto, hay un hueco presupuestal del 12,5 billones de pesos para la vigencia del 2015, agravado por dos factores: uno, la producción petrolera, que ya para este año se cayó con respecto al Marco Fiscal del 2013, y que cambiará hacia el futuro en la medida en que la Agencia Colombiana de Petróleos ya habla de una base de producción de 830.000 barriles/día. Por cada 10.000 barriles menos de producción, la Nación deja de recibir cerca de 300.000 millones de pesos. El otro factor es el precio, que estaba calculado en 100 dólares por barril, pero hoy estamos entre 91 o 92 dólares. Así las cosas, mi primera crítica al proyecto es que muchos de esos sustentos macroeconómicos no se ven con facilidad. La segunda, es que en su primera versión tenía una caída del presupuesto de inversión del 1,4 % y ahí se podía evidenciar que había sectores a los que les hicieron demasiadas promesas con un presupuesto insuficiente: Ambiente trae una reducción del 13 %, Comunicaciones del 14 %, Inteligencia del 45 %, Deporte del 2 % y Justicia del 2 %, por mencionar algunos. Casi 14 de 28 sectores tenían una reducción en el presupuesto de inversión.

Á. J.: ¿Es necesaria una reforma tributaria estructural?

I. D.: Sí, pero lo que estamos presenciando hoy es un abuso flagrante del artículo 347 de la Constitución, que le permite al Ejecutivo presentar un proyecto de ley de presupuesto desfinanciado y le dice que puede presentar la ley de financiamiento de ese faltante en la misma legislatura. Si uno hace una interpretación rigurosa de ese artículo, debería ser para llenar el faltante de la vigencia desfinanciada bajo el principio de anualidad presupuestal. Pero el Gobierno está presentando, para llenar ese faltante de una vigencia, una reforma tributaria para un periodo de cuatro años, lo cual resulta muy peligroso, porque radica un presupuesto desfinanciado utilizando todo su poderío político y logra la aprobación del monto, sin que el país y el Congreso conozcan la ley de financiamiento. El Legislativo termina convertido en un consorte que va a aprobar la reforma tributaria cualquiera que sea para financiar ese faltante. A mi modo de ver, esto es un abuso contra el principio de anualidad.

Á. J.: ¿Cree usted que el Gobierno está haciendo “populismo fiscal” vendiendo la idea de que habrá más plata para Educación que para Defensa o para empezar a financiar la paz?

I. D.: No es cierto, como han dicho, que el presupuesto de Educación esté por primera vez por encima del presupuesto de Defensa. Eso ya había pasado. Lo que preocupa es que el presupuesto de inversión para ese sector no alcanza para sacar adelante los enormes retos que le encargaron a la ministra Gina Parody. De otro lado, el Gobierno está diciendo que el presupuesto para el 2015 está cubriendo una parte importante de inversiones en la Colombia del posconflicto, lo cual es parcialmente cierto a la luz de un documento Conpes del 2011 que estima en 54 billones de pesos ese gasto en un horizonte de 10 años. En parte, esto se refleja en el presupuesto presentado, pero estamos lejos de los 13 billones que anuncia el ministro Cárdenas para el posconflicto. Eso no es verdad. Lo que el ministro está tratando de hacer para justificarlo, es decirle al país que todo el presupuesto de agricultura es para el posconflicto, que todo en educación es posconflicto, lo mismo que el presupuesto del Departamento para la Prosperidad Social. Sí hay que hacer inversión social en Colombia, eso nadie lo discute, pero estamos lejos de tener una capacidad presupuestal que pueda absorber la presión y la demanda que existe. Se está negociando con las Farc el futuro del sector agrícola, es decir, se está negociando con quien ha sido el peor verdugo del agro colombiano. Eso es como negociar la reforma financiera con David Murcia o negociar una reforma al financiamiento de la infraestructura con el Grupo Nule. Uno no puede negociar con quien tiene una concepción de la propiedad privada tan distinta a la que tiene la institucionalidad legal del país. 

Á. J.: ¿Pero hay o no “populismo fiscal”?

I. D.: Más que populismo, hay el deseo irresponsable de justificar, so pretexto de posconflicto, la expansión de un presupuesto desfinanciado. Y en materia de gasto público, el manejo económico de este gobierno deja mucho qué desear.

Á. J.: ¿Qué asociación hace usted entre estabilidad democrática y estabilidad económica?

I. D.: Una verdadera democracia tiene que sustentarse en la estabilidad jurídica, con reglas de juego claras que se traduzcan en estabilidad económica, por ejemplo, en cuanto a las normas tributarias, los aspectos regulatorios y las metas de inversión. La estabilidad democrática de un país se sustenta en la estabilidad de su modelo económico. Las normas tributarias, que deberían ser las más estables de todas, porque son las que pueden alterar una decisión de inversión o de ahorro, están siendo improvisadas para atender las emergencias fiscales del gobierno. Se está jugando con fuego exponiendo a sectores que son muy valiosos para la economía, como el minero energético, que representa el 7 % del PIB. Hoy hay incertidumbre. Y aunque ha habido señales de buena salud económica, persiste una gran improvisación, que está llevando a que en el país se pierdan la estabilidad y las perspectivas de inversión a largo plazo. Esto puede afectar la estabilidad democrática, porque a tantos anuncios no cumplidos siguen naturalmente más conflictos sociales.

Á. J.: Si de verdad Colombia es una de las cinco economías mundiales con mejor crecimiento, como ha dicho el presidente Santos, ¿por qué su pesimismo respecto al rumbo de la economía y el manejo fiscal?

I. D.: Porque las cuentas no cuadran. Sí, es verdad que un crecimiento del 6,4 % en el primer trimestre es un buen crecimiento, pero no se ha prestado atención al hecho de que en ese mismo primer trimestre, y en segundo también, los sectores que más han jalonado la economía son la construcción y la vivienda. Son los únicos sectores que están creciendo por encima del promedio de la economía. Pero sectores como la industria, la agricultura y la minería, están por debajo de ese promedio, es decir, estamos viendo un crecimiento desigual en tres sectores. Otro tema preocupante es la caída de las exportaciones colombianas y un aumento significativo de las importaciones, por no mencionar que Colombia ya está enfrentando déficit de cuenta corriente del 4,4 % del PIB, como lo señaló el Banco de la República, déficit que se acerca a una zona de alarma porque debe ser atendido principalmente con inversión extranjera directa (IED), que en el primer trimestre del año tuvo una caída del 6,6 %, y en el segundo trimestre es compensada por otros sectores. Lo grave es que el sector minero energético representa más del 50 % de la IED en Colombia. Ahí hay que prender luces de alerta. En síntesis, este gobierno ha tenido un manejo preocupante en materia de gasto público, agravado por los 2,3 billones de pesos que se ha gastado en publicidad y eventos entre enero del 2013 y enero del 2014. Para ponerle freno a estos gastos excesivos en la publicidad oficial, hemos radicado  un proyecto de ley que establece reglas de juego claras en la materia, como por ejemplo, que la publicidad, por definición, tenga un sentido más pedagógico que propagandístico.

A. J.: ¿Y las víctimas? ¿La plata sí va a alcanzar?

I. D.: Hay una profunda distorsión en el número real de víctimas, unas tiene el Conpes, otras las agencias, otras diferentes fundaciones, en fin, no sabemos cuántas son realmente. Además, los montos de las reparaciones son muy variables, unas son las que exige el Consejo de Estado y otras las del Sistema Interamericano y los documentos Conpes. Sin claridad en estos dos aspectos, es imposible saber cuál es el verdadero impacto fiscal para el país. Esto sin hablar de tierras, porque allí también hay cosas que no están funcionando bien como los registros y los procesos administrativos. Ya hay reportes de la Procuraduría que evidencian atrasos, señalando que para cumplir todo el proceso de restitución, el Estado podría tardar 45 o más años.

Á. J.: Sobre el anuncio de incluir los tres puntos ya acordados con las Farc en el Plan de Desarrollo, ¿qué opinión tiene usted?

I. D.: Seguimos sin entender el trabalenguas del Gobierno, porque cómo es posible que si nada está acordado hasta que todo esté acordado, debemos incluir esos acuerdos parciales en el plan. Ahora, ¿cuál es el sustento fiscal de esos tres acuerdos ya divulgados? Ahí hay unas cargas inmensas que todavía no se han examinado y no sabemos cómo se van a financiar. Es más, en el Presupuesto General de la Nación, no hay siquiera la plata para las 300.000 casas gratis que se van a regalar, no hay plata para la jornada única escolar, de hecho la ministra le dijo al Congreso que, a gatas, va a lograr hacer un piloto de jornada única, en fin, el Vicepresidente está hablando de vías complementarias a las 4G que valen 25 billones de pesos. Si eso no está, mucho menos está lo que se necesita para financiar los tres acuerdos parciales con las Farc que se acaban de anunciar al país. Me preocupa que el Director de Planeación Nacional se comprometa primero con las Farc que con lo que le mandan la Constitución y la ley, porque el presupuesto debe ser discutido con el Congreso, que es donde están los representantes del pueblo colombiano elegidos legítimamente a través de las urnas. No hay que olvidar que el presupuesto es el esqueleto de las políticas públicas y el alma del voto programático.