La Corte Suprema de Justicia sostuvo que, por regla general, la tutela es improcedente para atacar otros fallos de tutela. Con estos argumentos, la Sala Civil del alto tribunal negó el amparo constitucional exigido por un ciudadano en contra de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, por medio del cual un despacho de Restitución de Tierras de su Sala Civil ordenó cumplir las medidas cautelares que decretó la CIDH para suspender la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. La corporación determinó, además, que se trata de un mecanismo falto de idoneidad para resolver anticipadamente procesos que se encuentren en trámite, como en el caso concreto, ya que la misma sala de casación se encuentra estudiando la impugnación que presentaron la Presidencia y la Procuraduría contra esta misma determinación (M. P. Luis Armando Tolosa).