Sentencia ordena restituir predios despojados por Clan Castaño a familias de Córdoba

El Juez Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Montería ordenó la restitución de más de 56 hectáreas de las haciendas Las Tangas y Jaragüay, arrebatadas a familias campesinas de Valencia (Córdoba) por el Clan Castaño.

En el fallo, el juzgador les solicitó a las autoridades adoptar las medidas pertinentes para garantizar el acceso a la salud, la educación y el acompañamiento a las víctimas. Adicionalmente, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, por los presuntos delitos que habría cometido el propietario de una de las parcelas restituidas.

Según los antecedentes del proceso, estas tierras fueron vendidas, en primera instancia, a Sor Teresa Gómez Álvarez, condenada por el homicidio de la lideresa popular Yolanda Izquierdo e investigada por participar en los despojos efectuados en la hacienda Santa Paula, ubicada en Montería.

Además, figura como propietario Juan Rafael González, desmovilizado de las autodefensas, quien tiene medida de aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

De acuerdo con los folios de matrícula inmobiliaria, los derechos de propiedad de las parcelas también fueron transferidos a otras personas investigadas por presuntos nexos con las autodefensas, y en los despojos participaron los paramilitares Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Mono Leche’, y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.

Cifras de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) revelan que, a la fecha, en el departamento de Córdoba han sido restituidas 290 familias. De estas, 83 recuperaron los predios ubicados en las haciendas Las Tangas y Jaragüay.

Los jueces y magistrados de tierras se han pronunciado en el 47 % de los casos llevados en los que se solicitó la devolución de predios a 617 familias representadas por la URT.

El año pasado, una sentencia ordenó que los predios de la hacienda Santa Paula, de 1.195 hectáreas, ubicada en el corregimiento de Leticia, jurisdicción de Montería, regresaran a sus dueños. Ese fue el primer fallo en el que los magistrados aceptaron que las ventas de los terrenos se hicieron bajo presión y, por lo tanto, los negocios jurídicos son inexistentes.