Luego de un año sin reuniones, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reactivó la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, en la que se abordaron las implicaciones que tendría para esta población la salida de la cárcel de los postulados a la Ley de Justicia y Paz que hayan cumplido su condena.

Con el fin de prevenir que ese regreso a la sociedad signifique el recrudecimiento de la violencia, se acordó trabajar en un plan de prevención y protección para estos líderes en Córdoba, Bajo Cauca, Medellín, Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Cesar y Atlántico, explicó el jefe de la cartera política.

“Hoy nos dedicamos a analizar las implicaciones para defensores de derechos humanos, líderes de tierras, víctimas e incluso jueces y fiscales de la salida de los postulados de la Ley de Justicia y Paz. Hay que prevenir que esa salida no signifique el recrudecimiento de las zonas a donde vuelvan estas personas”, indicó el funcionario.

Igualmente, anunció que el Gobierno se comprometió con los gobernadores en un plan de prevención y protección para que, ante la salida de esos postulados, “podamos estar preparados, primero, para reinsertarlos para que no vuelvan al delito, y segundo, que si lo hacen no causen daño a los defensores, ni a los jueces”.

Entre los avances en materia de protección, el Ejecutivo destacó la elaboración de un decreto sobre protección colectiva en términos políticos y de integridad física, que será socializado con los defensores de derechos humanos y los líderes sociales y comunales.

Al encuentro asistieron el ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes; el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Jorge Enrique Bedoya; el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Alejandro Eder; el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Guillermo Rivera, y representantes de diferentes gobernaciones.