Gracias a la consulta previa, el país entendió que la tierra también puede ser víctima del conflicto

La consulta previa se ha convertido en un elemento tan transcendental para preservar el derecho de los pueblos aborígenes al goce de un ambiente sano, que, gracias a ella, el país pudo entender que la tierra también puede ser vista como una víctima del conflicto.

Así lo afirmó la abogada experta en Derecho Ambiental Gloria Amparo Rodríguez, en el marco del X encuentro de la jurisdicción constitucional, que se realiza en Ibagué. Según indicó, a partir de las consultas previas que se adelantaron durante la reglamentación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011), las instituciones comprendieron por qué, para esas comunidades, sus territorios deben ser valorados como un sujeto autónomo de afectación.

De las más de 3.000 consultas que se han adelantado en el país, 156 se refieren a la preservación de los recursos naturales, señaló Rodríguez, quien destacó el papel de la Corte Constitucional como principal gestora de la protección a ese derecho.

No obstante, manifestó que, pese a las 77 tutelas en las cuales la corporación ha ordenado adelantar consultas previas, es lamentable que no se haya incluido como instrumento de defensa de las minorías étnicas frente a las negociaciones de tratados de libre comercio.

Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Constitucional de Perú Gerardo Eto Cruz recordó que esta garantía, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, debe ser incluida por los Estados en ordenamientos y, aunque no lo hagan, es vinculante.

El jurista señaló que ese tribunal tuvo que declarar la “inconvencionalidad por omisión”, pues el Estado peruano llevaba 15 años sin cumplir su deber de reglamentar la aplicación del mandato internacional. De esta manera, se exhortó al Gobierno para que expidiera una norma que estableciera las condiciones necesarias para adelantar la consulta previa.

Por su parte, el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González destacó el valor de este instrumento, como una medida justa y necesaria para no tomar determinaciones apresuradas que desconozcan los derechos de las minorías. Sin embargo, ante la posibilidad de incluir a los campesinos como sujetos del derecho, indicó que estos cuentan con otras herramientas legales de igual efectividad, que les permiten ser escuchados.

Entre tanto, el exmagistrado del alto tribunal Nilson Pinilla se refirió a los alcances del mecanismo, precisando que, pese a que debe garantizarse, no puede constituirse en un elemento de veto. El hecho de que las minorías puedan decidir por los demás también es lesivo para los valores democráticos, precisó.

En la etapa final de esta jornada se presentó un video sobre el impacto de las actividades extractivas adelantadas por la multinacional Chevron (antigua Texaco) en la Amazonía ecuatoriana, por las cuales se le impuso una condena de 9.500 millones de dólares, que aún no ha sido saldada.

Pablo Fajardo, uno de los abogados que ha intervenido en el proceso, indicó que la llegada de la multinacional a la selva ecuatoriana coincidió con la extinción de dos pueblos indígenas. Y aunque aclaró que no tiene pruebas de la responsabilidad de la petrolera, señaló que es necesario investigar si existen nexos de causalidad con las labores de explotación del subsuelo.

El jurista reprochó la estrategia defensiva de Chevron, que además de relacionar a los profesionales del Derecho, indígenas y campesinos con un supuesto fraude, pretende que sea el Estado quien asuma el pago de la millonaria indemnización. Detrás de los excesos de las instituciones, aseguró, casi siempre están los intereses de alguna corporación.