Mediante un pronunciamiento recientemente publicado, la Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) la adopción de un plan real y concreto en el que se identifiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollará un proceso nacional de clarificación de todos los bienes baldíos de la Nación, así como los procedimientos tendientes a recuperar los terrenos baldíos adjudicados irregularmente a través de procesos de pertenencia. En el mismo sentido, exhortó al Incoder y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen las eventuales estructuras delictivas detrás de la apropiación ilegal de tierras de la Nación. La presente decisión fue adoptada por la corporación como consecuencia de la revisión de un fallo de tutela en el que se ordenó a un registrador de instrumentos públicos la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria la sentencia de pertenencia rural con la que un ciudadano se hizo propietario de un predio sobre el cual venía ejerciendo posesión, aun cuando presuntamente era un terreno baldío. A juicio del alto tribunal, la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Incoder y no por las decisiones judiciales que defraudan el patrimonio público. Así las cosas, la Corte puso a cargo del seguimiento y control de su decisión a entidades como la Procuraduría, la Contraloría, Presidencia de la República, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para evitar la extensión de esta problemática (M.P. Jorge Iván Palacio).