Cámara estudiará tres ponencias sobre proyecto de ley de baldíos

Dos ponencias negativas y una favorable fueron radicadas en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para el proyecto de ley que crearía las denominadas zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidre).

Una de ellas pide archivar la iniciativa, porque le permite al Estado decidir qué zonas son aptas para definir unidades de producción familiar, sin consultar con las comunidades. Además, decisiones como definir la vocación de la tierra requieren más que un estudio, afirma.

La segunda ponencia negativa sostiene que el proyecto no contempla el fortalecimiento de la institucionalidad de apoyo al desarrollo rural y deja en manos de los gestores la obligación estatal de proveer servicios como acceso a tecnología y asistencia técnica.

Al tratarse de un proyecto empresarial, señala, no se observa cuál es el lugar que ocupa la inversión de capitales de las grandes empresas, ni la responsabilidad del empresario.

También agrega que si bien la generación de empleo en las Zidre es un objetivo importante, no es tan significativo como se pretende, pues la política de desarrollo no se puede limitar a la utilización de mano de obra como factor productivo, sino que debe abarcar aspectos de formación, seguridad social y condiciones de vida dignas en las zonas en que se adelanten las plantaciones forestales.

Por su parte, la ponencia favorable destaca la figura del asociado como partícipe en el proyecto productivo, pues permite un reparto de los beneficios y la cooperación, así como una comunión de riesgo. En ese sentido, agrega que la asociación entre gestoras y campesinos, con o sin tierra, puede generar actividades de producción a gran escala, que permitirían maximizar la productividad de la mano de obra y la reducción de los costos unitarios de la producción.

La iniciativa propone que los empresarios accedan a la tierra de los campesinos, para que, de manera asociativa, la aporten como primera opción o la vendan.

Según el proyecto, esas asociaciones se realizarán mediante contratos, en los que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, actuará como garante de los derechos de los campesinos. Todo ello se realizaría dentro de las Zidre, las cuales contarán con el apoyo del Estado, que desarrollará los mecanismos jurídicos, de financiamiento e infraestructura para que se desarrollen plenamente.

Además, se plantea modificar la Ley 160 de 1994, adicionando el artículo referido a la expropiación y al aporte de baldíos en asociaciones, sociedades o comunidades de cualquier índole, para que no le sean aplicables las prohibiciones que se disponen en términos de extensión de la Unidad Agrícola Familiar.

(Cámara de Representantes, ponencia proyecto de ley 133/14C, nov. 25/14)

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