ONU advierte sobre falencias del sistema judicial colombiano en materia de derechos humanos

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó ayer su Informe anual sobre la situación de derechos humanos (DD HH) en el país.

En materia judicial, la ACNUDH analizó aspectos como la tarea que cumple la Fiscalía General de la Nación, la restitución de tierras, las iniciativas de reforma al fuero penal militar, la efectividad de la Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y Paz) y la crisis carcelaria.

Justicia y conflicto armado

La ACNUDH se refirió expresamente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz, como punto de partida para el posconflicto.

En este punto, llamó la atención sobre los debates jurídicos, académicos y mediáticos centrados en temas como la duración de las condenas a prisión de los responsables de violaciones a los DD HH, que han dejado de lado cuestiones relevantes como el propósito de la sanción, la reparación eficaz a través de la justicia penal y las transformaciones necesarias para disuadir a las personas de unirse a grupos armados ilegales.

El informe cuestiona la eficacia de los enjuiciamientos, a la hora de prevenir graves violaciones a los DD HH. Por ello, indicó que “la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, relativa a los paramilitares desmovilizados, si bien parece haber favorecido el conocimiento de la verdad, no se ha convertido en un instrumento importante de la justicia penal”.

El organismo internacional recomendó que el Estado encuentre un equilibrio adecuado entre la prevención, el castigo, la rehabilitación, la restauración y la reparación.

Fuero penal militar

De acuerdo con los representantes de la ACNUDH, algunas autoridades militares solo consideran violaciones a los DD HH las ejecuciones de civiles conocidas como “falsos positivos”, una posición que resulta incompatible con las obligaciones internacionales del Estado.

Por eso, llamaron la atención sobre la necesidad de pasar de la negación al reconocimiento de las violaciones actuales y pasadas, y de darles respuesta.

Así mismo, afirmaron que la reforma constitucional para ampliar la jurisdicción penal militar no obedece a un comportamiento serio encaminado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de DD HH.

Entre enero y agosto del 2013, recordaron, 48 casos de “falsos positivos” se trasladaron de la jurisdicción ordinaria a la militar, a pesar de que el Gobierno había asegurado que ello no ocurriría.

La ONU también cuestionó la apresurada aprobación de un sistema de asistencia jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la reforma a este fuero militar, por vicios de procedimiento.

Además, lamentó la impunidad que otorga el hecho de que se sigan concediendo privilegios ilegales a miembros de la fuerza pública detenidos o encarcelados en instalaciones militares, dos años después de las recomendaciones formuladas en un informe interinstitucional especial sobre este problema.

Sistema judicial y penitenciario

El informe enumera los desafíos relacionados con las investigaciones penales que adelanta la Fiscalía, entre ellos la existencia de lagunas en los conocimientos jurídicos, el conocimiento insuficiente de las estructuras y las operaciones militares y la deferencia a la autoridad militar.

Adicionalmente, señala obstáculos al pleno disfrute del derecho a la justicia, como la falta de independencia de algunos jueces de primera instancia; casos de intimidación, amenazas y agresiones contra víctimas, testigos, investigadores, fiscales y jueces, o la estigmatización de los y las fiscales que investigan al personal militar por delitos graves.

Finalmente, en cuanto a la política criminal y penitenciaria, indicó que el Estado parece darle prioridad a la sanción, en detrimento de la prevención, la rehabilitación y la restauración. Por ello, expresó su preocupación por las consecuencias del hacinamiento carcelario para la vida y la dignidad de los presos y sus familiares.

(Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Informe A/HRC/25/19/Add.3, ene. 24/14)