Ordenan restituir 50.000 hectáreas de tierras a indígenas Embera Katío

El Tribunal Superior de Antioquia ordenó la restitución de más de 50.000 hectáreas a favor del resguardo Embera Katío del Alto Andágueda, en el Chocó, donde habita una población estimada en más de 7.000 personas y 1.400 familias.

Con este fallo, la comunidad busca revertir la falta de seguridad y soberanía alimentaria, la mendicidad, la pérdida de prácticas culturales, el debilitamiento de su proceso organizativo, la transformación obligada de sus patrones culturales y la escasa, inoportuna e impertinente atención que han dado lugar a la vulneración de  sus derechos fundamentales.

Según el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, “este es un fallo sin precedentes en la historia del país, porque estas comunidades han sido victimizadas durante muchos años y desgraciadamente no tenían el mecanismo mediante el cual pudieran proteger sus tierras”.

El proceso inició con la interposición de la demanda de restitución de derechos territoriales, que fue presentada por la URT ante Juez de Restitución de Tierras de Quibdó, el pasado 5 de febrero.

“En esa zona, todos los males del mundo se juntaron para afectar a esta comunidad: los desplazó la violencia, luego llegó la minería criminal ilegal y esto los obligó a estar fuera de sus territorios. Gracias a esta sentencia, ellos van a poder regresar a sus tierras. Ahora bien, si va a haber intervención minera, se va a hacer de acuerdo a la ley. Si van a intervenir, ya tendrán que hacer una consulta previa con la comunidad para que ellos puedan participar de las decisiones que afectan a su territorio”, aseguró Sabogal.

En la sentencia, que ordena más de 30 medidas para proteger a las comunidades y garantizar su efectivo retorno, se ordenó suspender los títulos y concesiones mineras que operan dentro del resguardo; llevar los programas sociales del Estado; construir puestos de salud, casas y albergues temporales; presentar un plan de protección de los principales líderes de las comunidades; sacar a los particulares que desarrollan actividades mineras, y determinar qué actividades son de minería legal e ilegal, entre otras decisiones.