Luces y sombras en el cuatrienio de Santos en materia de justicia

Pedro Antonio Molina Sierra

Editor ÁMBITO JURÍDICO

 

Durante su posesión, en agosto del 2010, el presidente Juan Manuel Santos invitó a las altas cortes a “trabajar en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad, que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo”. Dos días más tarde, Santos se reunió con un grupo de magistrados de los tribunales más importantes del país y les reiteró su compromiso de buscar una administración de justicia más efectiva y cumplida.

 

De esta forma, el mandatario restableció las turbias relaciones que existían entre el Ejecutivo y el Judicial en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que, paradójicamente, terminaron en los estrados judiciales.

 

Sin duda, ese se convirtió en el primer logro de Santos en materia de justicia, al que luego se adicionarían otros durante su cuatrienio. No obstante, no todo fue “color de rosa” para el mandatario. Una fallida reforma a la justicia, un cese de actividades judicial, la congestión de los despachos y la crisis carcelaria fueron algunos de los lunares que marcaron estos cuatro años.

¿Qué balance se puede presentar de la gestión del primer mandato de Santos en materia de justicia?

 

Promesas y aciertos

Revivir el Ministerio de Justicia, incluir a la Fiscalía General de la Nación en la Rama Ejecutiva, crear una instancia para la investigación de los altos funcionarios del Estado, reformar el Consejo Superior de la Judicatura, modificar el esquema de nominación y elección de magistrados de las altas cortes, masificar la oralidad, sistematizar los procesos e implementar el arancel judicial para racionalizar el uso de la justicia fueron algunas de las promesas de la campaña presidencial.

 

Unas se concretaron, otras quedaron en el aire. De las primeras, y que sirvieron para mejorar la justicia, el exministro Juan Carlos Esguerra destaca el restablecimiento de la cartera de justicia, la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la expedición de un grupo de normas que modificaron el eje de muchos procesos judiciales, como los códigos General del Proceso, Penitenciario y Carcelario y de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.

 

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, coincide en buena parte con los logros mencionados por Esguerra. Agrega que el más importante de ellos fue el restablecimiento de las buenas relaciones con la Rama Judicial y también resalta la “misión de política criminal, cuyas conclusiones están próximas a ser adoptadas por el Conpes, y el interés del Ministerio de las TIC en la justicia, el cual aún no se concreta”. No obstante, considera que el Código Penitenciario es tímido para la solución definitiva de los problemas del sector.

 

Un acierto que señala Fredy Machado López, presidente nacional de Asonal Judicial, es haber tenido la voluntad política de proponerle al país, en su momento, una reforma a la justicia. Igualmente, reconoce su empeño en impulsar una justicia transicional y en procurar la presencia del juez en todos los municipios de Colombia.

 

Legislativo y Judicial

El balance de Santos en el Congreso fue positivo. Durante el cuatrienio, el presidente sancionó 318 leyes, de las cuales, según un informe reciente de Congreso Visible, 143 (44,9 %) fueron presentadas por el Ejecutivo, 172 (55 %) por parlamentarios y 3 (0,9 %) por otras entidades.

 

Además de las ya citadas, la aplanadora santista aceitó su maquinaria para sacar adelante las leyes de Primer Empleo (L. 1429/10), de Seguridad Ciudadana (L. 1453/11), de Protección al Cesante (L. 1636/13), de Garantías Mobiliarias (L. 1676/13), de Inteligencia y Contrainteligencia (L. 1621/13), sobre Patrimonio Cultural Sumergido (L. 1675/13), de Hábeas Data (L. 1581/12), de Pensión Familiar (L. 1580/12), de Riesgos Laborales (1562/12), la reforma al Estado (L. 1444/11), el Estatuto del Consumidor (L. 1480/11), el nuevo Estatuto Anticorrupción (L. 1474/11) y una reforma tributaria (L. 1607/12), entre otras.

 

Igualmente, en seis oportunidades se reformó la Constitución, a través de actos legislativos como la reforma a las regalías, la sostenibilidad fiscal y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.

 

Para su fortuna, las normas impulsadas por el Gobierno no tuvieron grandes modificaciones durante su paso por la Corte Constitucional. Los instrumentos de justicia transicional, como el Marco Jurídico para la Paz (A. L. 1/12), la ley que concedió beneficios a los desmovilizados (L. 1424/10) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (L. 1448/11), así como la parte sustancial de las disposiciones comentadas, recibieron la bendición constitucional.

 

Pero cayeron tres actos legislativos: uno sobre provisionales, otro que impedía aplicarles el conflicto de intereses a los congresistas que participaran en la aprobación de actos legislativos y otro que modificaba el fuero penal militar. Las reformas al Código de Minas (L. 1382/10) y al arancel judicial (L. 1653/13) también fueron expulsadas de la vida jurídica. Esta última frenó recursos importantes para la rama.

 

Sin embargo, el principal revés del Ejecutivo provino del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que dirimió el viejo conflicto con Nicaragua y que puso al Gobierno a diseñar toda una estrategia jurídica para enfrentar sus consecuencias.

 

Desaciertos y deudas pendientes

La fallida reforma a la justicia se convirtió en la gran frustración del Ejecutivo. El “orangután” en el que se convirtió el proyecto de acto legislativo terminó por sepultar el intento de modificar la anquilosada estructura de la Rama Judicial.

 

Además de este punto, Machado critica “el desmonte del programa de la descongestión por falta de presupuesto, la farsa de la negociación colectiva, el despropósito de la reestructuración de la Fiscalía General y el incumplimiento de la nivelación salarial a los judiciales”. Este último tema generó un paro judicial que puso en jaque los servicios más elementales de la justicia, a finales del 2012.

 

En cuanto a presupuesto e infraestructura, los recursos para la justicia tampoco han recibido las partidas suficientes para poner en marcha las reformas orales, modernizar los vetustos trámites judiciales, agilizar los procesos y superar la alarmante congestión. “El hecho de que la justicia no cuente con autonomía presupuestal y que dependa del Ejecutivo le resta independencia. Es una verdad de ‘a puño’ que una justicia sin músculo financiero jamás podrá cumplir a plenitud con su misión”, señala Machado.

 

Y a pesar de la construcción de nuevas cárceles y pabellones, el hacinamiento sigue rondando más del 50 %, según cifras de la Defensoría del Pueblo. El populismo punitivo, que en varias ocasiones apoyó el Gobierno, aumentó este problema, que se ha tratado de mitigar con el Código Penitenciario y el impulso de la Comisión Asesora de Política Criminal.

 

De acuerdo con Francisco José Sintura, exvicefiscal general de la Nación, al igual que en los últimos gobiernos, “el del Presidente Santos también carece de una política anticriminal entendida como política pública. Se siguen impulsando reformas que pretenden satisfacer las demandas de seguridad y de justicia de la ciudadanía, pero sin ningún criterio científico. Se legisla coyunturalmente, se reacciona frente al miedo de la sociedad por la ocurrencia de los hechos criminales, pero sin criterios científicos de corto, mediano y largo plazo”.

 

Así mismo, considera que en el primer periodo de Santos no hubo ninguna propuesta que permitiera poner fin a la crisis del sistema penitenciario. “Salvo por la idea de construir más cárceles, no hubo ninguna herramienta de política penitenciaria que se pusiera en ejecución. El incremento en las rebajas de pena en la ley o la concesión de beneficios por colaboración con la justicia son la impronta de un modelo de justicia premial que se viene imponiendo”, asegura.

 

Borrero identifica otras falencias de Santos en sus cuatro años de gestión: “El no haber reestructurado el Inpec y reducido el número de sindicatos de esta institución, la falta de fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y el seguir apoyando las medidas de descongestión de la Rama Judicial, que vienen demostrando desde hace varios años su ineficiencia”.

 

De los asuntos pendientes, Esguerra considera necesario desmontar el Consejo Superior de la Judicatura y remplazarlo por un órgano gerencial, que mejore el funcionamiento administrativo y de inversión de la rama, y por un ente con funciones disciplinarias, para vigilar la conducta de los servidores judiciales y abogados. Así mismo, resalta la necesidad de fortalecer aún más la oralidad y expedir un código que endurezca las sanciones de las conductas indebidas de los abogados.

 

En opinión de Machado, si se les pregunta a los trabajadores de la Rama Judicial cuál es “la deuda” del Presidente en materia de justicia, responderán que consiste en “cerrar la brecha salarial que existe entre los magistrados de las altas cortes y tribunales con respecto a los jueces, fiscales, empleados y policía judicial”.

 

En materia penal, opina Sintura, el país convive con el miedo y la crisis derivada de la inflación legislativa, pero la poca eficacia en la aplicación de la ley penal. Así mismo, cree que el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal colapsó y el alto índice de expedientes que se quedan sin tramitar año tras año se ha incrementado. “El atraso judicial es evidente y hoy se encuentran pendientes de trámite cerca de un 1.200.000 expedientes. La Fiscalía no alcanza a cubrir eficientemente la demanda de justicia y la falta de eficacia de la policía judicial es una situación que clama por soluciones inmediatas. En el sistema oral, la constante es el aplazamiento frecuente de las diligencias y la falta de habilidades y destrezas de los intervinientes en este modelo”.

 

Pese a los aciertos del Ejecutivo en su primer cuatrienio, Borrero considera que la justicia no encontró un sitio importante en la agenda nacional, pues las cosas siguen como estaban. “No se ha logrado el punto de quiebre para alcanzar el cambio que se requiere”, concluye.

 

El próximo 7 de agosto, Santos jurará su segundo periodo presidencial. Seguramente, en su discurso de posesión, la justicia tendrá un lugar preponderante, ese mismo que espera ocupar en agosto del 2018, cuando termine su mandato.