Así lo advirtió en un comunicado la Defensoría del Pueblo. En ese documento se señala que el defensor Jorge Armando Otálora manifestó su preocupación por el riesgo persistente que tienen que enfrentar un centenar de municipios del país por cuenta del accionar de grupos armados ilegales, guerrilleros y los conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas, respecto de homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización ilícita de niños y adolescentes, violencia sexual y de género, amenazas, extorsiones, despojo de bienes y tierras, enfrentamientos armados con interposición de población civil, secuestros y atentados contra la infraestructura eléctrica, vial, petrolera y de comunicaciones. Según el comunicado, la entidad llegó a esta conclusión por el seguimiento realizado entre septiembre del 2013 y agosto del 2014, tiempo en el que ha emitido 35 informes de riesgo y 21 notas de seguimiento en 93 municipios de 24 departamentos del país (Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés Islas, Santander, Tolima, Vichada, Amazonas y Valle del Cauca).