Se mantiene la distribución escalonada de fechas para los primeros vencimientos de las obligaciones tributarias.

Solo hay dos únicos eventos en que el prestador puede perder el derecho a recibir el pago por el servicio prestado.

Sin perjuicio de la obligación de observar, en cada caso, el marco regulatorio correspondiente al trámite de sucesión que se adelante.

Las mercancías deben ingresar al país con posterioridad a la cesación de funciones, dentro de los seis meses siguientes.

Se declaró disciplinariamente responsable al jurista de la falta descrita en el artículo 37, numeral 1º, de la Ley 1123 del 2007, por incumplimiento del deber consagrado en el artículo 28, numeral 10º, imponiéndole sanción de censura.

Los tributos adoptados por las entidades territoriales solamente pueden ser aquellos que la ley ha creado.

Al notario no le asiste fundamento legal para exigir certificación o constancia médica alusiva a la capacidad del usuario.

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena contra un hombre por porte de armas, pero, por dudas, lo absolvió por intento de homicidio.

La única acción procedente una vez ejercido el derecho es la devolución del dinero cancelado a título de precio por el bien o servicio adquirido.

El objeto es recaudar y canalizar recursos destinados a financiar los bienes, servicios, actividades, programas y proyectos requeridos para la conmemoración.

Empresas prestadoras pueden ajustar los valores facturados durante el periodo determinado por la ley, salvo que se demuestre dolo del usuario.

La autoridad cuenta con este término para decidir si impone o no la sanción. El mismo se interrumpe con la realización efectiva de la audiencia.

Si existe un culpable al momento de identificar fallas de carácter aritmético, legal o estructural en una liquidación de nómina podría señalar como único autor a la falta de importancia de este proceso en las compañías.

Siempre y cuando se le brinde información suficiente, clara e idónea sobre las políticas de cambio a los consumidores.

Bajo la Ley 2120 del 2021 y la Resolución MinSalud 810 del 2021 ¿Cuál es el modelo adoptado por Colombia? ¿Cómo debería ser el modelo de etiquetado frontal que adopte Colombia?

Existe la posibilidad de interrumpir el término de la prescripción con la reclamación escrita por parte del trabajador, en los términos de ley.

Lo que se ordena no es propiamente la reducción de los intereses de mora liquidados por las entidades territoriales, sino la reducción de la tasa de interés que deben aplicar para liquidarlos, explica Minhacienda.

Mintrabajo hizo énfasis en cómo el Gobierno va establecer que algunos bienes y servicios no suban en el mismo porcentaje del salario, sino ajustados al porcentaje de la inflación.

Las postulaciones se realizan a través de las entidades financieras, que ofrecen la posibilidad de realizar el proceso de manera presencial o virtual.

No están solamente en riesgo las garantías electorales y los derechos fundamentales vinculados a la próxima contienda política, sino la preservación de la supremacía e integridad de la Constitución.

El decreto establece estímulos y alivios para usuarios de los créditos educativos del Icetex.

Tal vez, el legado más significativo de cara al avance institucional del mandato Barco fue su decidido impulso a la Asamblea Nacional Constituyente.

Celebramos esta decisión en la que la Corte Constitucional demuestra su compromiso con los derechos de las mujeres y que, además, es un referente para que otros países.

La propia conciencia no es solo el primer juez de la propia conducta, sino el mejor juez de todos, pues resulta imposible engañarse a sí mismo.

Para muchos abogados, resulta más fácil estudiar sistemas jurídicos foráneos –incluso, practicar el Derecho en otro país– que entender el derecho tributario nacional.

Mi cábala sobre el incremento es que nuevamente será unificado y estará por el orden del 7 %.

El ministerio, a través de la oficina asesora jurídica, expedirá las certificaciones a las organizaciones campesinas que se postulen atendiendo el procedimiento señalado en la norma.

Sostener que los árbitros no comprometen la responsabilidad del Estado implica desconocer la función de la administración de justicia.

La normativa recogió una práctica que desde hace más de 15 años utiliza el Centro de Arbitraje y que con el paso del tiempo ha venido mejorando.

Es necesario comprobar que hay una relación de causa y efecto entre la afectación de derechos y las pretensiones de la demanda.

El pago de copagos se realizará conforme con la clasificación de la última encuesta del Sisbén con la que cuente el afiliado.

Mantienen sanción disciplinaria contra policía por participar en actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes.

Excepción de inconstitucionalidad no es exclusiva de las autoridades judiciales, sino de toda autoridad que evidencie conflictos con postulados constitucionales.

El Ministerio del Trabajo expidió un decreto para determinar la garantía la continuidad de los derechos individuales o colectivos adquiridos en acto administrativo o acuerdo colectivo.

Según datos de la Registraduría, un total de 12.282.273 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad están habilitados para votar.

Servicios e insumos de salud se deben garantizar de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.

La lectura realizada a la columna del profesor Diego López Medina me devolvió a repasar algunas anotaciones de Kelsen en el libro ‘¿Qué es la justicia?’.

Los criterios y principios que debe observar el juzgador cuando determina, gradúa y tasa la sanción cumplen un papel preponderante.

La Fiscalía no acreditó más allá de toda duda que el procesado tenía capacidad económica o ingresos para cumplir.

Para el análisis del caso, la entidad observó lo consagrado en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 del 2011.

Surgimiento de condiciones que no habían sido planteadas en la invitación al proceso de adjudicación no generó perjuicios.

Solo ante razones justificadas y debidamente sustentadas ante el afiliado es posible modificar la información contenida en la historia laboral.

Es obligación de los jueces evitar reproducir patrones o estereotipos discriminatorios que impidan acercar la justicia a un caso concreto.

Antes de presentarse para el trámite del pasaporte, el usuario debe verificar los requisitos en un enlace dispuesto por la Cancillería.

El incremento que decrete el Gobierno permitirá mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores que perciben esta prima.

Es necesario verificar si hay plazas disponibles para reubicación y, en caso contrario, asegurarse de que estas personas sean las últimas desvinculadas.

Limitación en el tiempo para iniciar la acción es coherente con lo establecido para la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Según el esquema de la propiedad horizontal, no es función del revisor fiscal convocar al nuevo consejo de administración.

A raíz de la solicitud de información hecha por gran parte de la ciudadanía sobre las licencias para modificaciones o instalaciones de estas estructuras, el Minvivienda expidió una circular.

Si el Presidente hubiera objetado el artículo, la integridad de la ley no habría entrado en vigencia y no tendríamos presupuesto para el próximo año.

La versión original de esta obra apareció en el 2017, bajo el título The political economy of the investment treaty regime, en Oxford University Press.

Esta decisión brinda una nueva oportunidad para estudiar el valor que la Corte IDH da a los programas nacionales de reparación.

No puede predicarse vacío por el hecho de que una norma no se refiera expresamente a todas las acepciones que pueda tener el vocablo interesado.

Es necesario trazar y poner en marcha proyectos que tengan solidez en el tiempo y garantías legales de realización presente y futura.

Tener relación con otros entes territoriales no permite concluir que los supuestos trashumantes no tienen su lugar de votación en la población objeto del litigio.

Se reitera que está prohibido cualquier tipo de discriminación y las acciones en ese sentido deben ser sancionadas disciplinariamente.

Las aseguradoras deben recopilar la información necesaria para determinar el impacto de eventos de terrorismo, pandemia y explosión por accidentes industriales sobre el portafolio de riesgos asegurados.

Esta guía hace precisiones sobre la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ya que esta restricción fue modificada por la Ley 2159 del 2021.

Sin embargo, deben contar con un sistema serio y confiable que prevea incluso varios mecanismos para acceder al conocimiento del beneficiario final.

No se probó en el proceso cuáles fueron las actuaciones de las autoridades que vulneraron las garantías de los demandantes.

El actual modelo que emplea el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para la elección de árbitros nacionales cuenta con criterios de calificación estrictos.

No hay impedimento para que quienes continúen asegurados y cotizando accedan a una pensión que cubra un riesgo distinto al reconocido.

Consejo de Estado absuelve a la Nación por homicidio de un civil y desplazamiento de su grupo familiar.

Se establecen requisitos mínimos para la presentación a través del Sistema integrado de reportes financieros con corte a 31 de diciembre del 2021, junto con documentos adicionales requeridos.

Las entidades pidieron a los alcaldes y gobernadores promocionar la extensión de los horarios de atención al público en los establecimientos comerciales para evitar aglomeraciones.

De acuerdo con la Ley 964 del 2005, es necesaria la reglamentación gubernamental que así lo reconozca.

Para las demás prestaciones se tiene este tiempo como servicio activo, para su reconocimiento y pago.

Dentro de las novedades en el servicio también se destaca la implementación de un piloto de asignación de citas, sin agendamiento previo, utilizando el último dígito del documento de identificación.

Una demanda de nulidad electoral no constituye fuerza mayor, ni un hecho imprevisible, pues la elección está expuesta a acciones jurídicas.

La cuestionada no acreditó los 10 años de experiencia mínima específica en labores de regulación, control y vigilancia del sector audiovisual.

Corresponde a la jurisdicción civil y no a la contenciosa juzgar la supuesta responsabilidad.

Según algunos magistrados, el amparo invocado ha debido concederse y proteger el derecho al debido proceso.

La libre competencia económica es un derecho que supone responsabilidades y la empresa tiene una función social que implica obligaciones.

Tal como ocurre en materia penal, es preciso diferenciar todas las circunstancias fácticas de aquellos hechos que resultan jurídicamente relevantes.

A juicio de los demandantes, se indujo a error al ente territorial al conducirlo a firmar el acto sin una coordinación previa entre entidades.

La invitación es a que se eliminen de las decisiones judiciales los nombres de las partes, por ser información irrelevante para el conocimiento colectivo.

La compatibilidad entre la objetivación factible y la cuantificación en equidad resolvería muchos problemas en la dispar cuantificación del daño a la persona.

Sorpresivamente, una decisión de la Corte avaló la postura en virtud de la cual el Procurador General puede dar un trato igualitario a personas que no están en una misma situación.

La medida busca que los funcionarios de las entidades con menos capacidad institucional puedan participar de las jornadas de capacitación que organiza Colombia Compra Eficiente.

El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e...

Según recomendación de la Real Academia Española y de la Fundación del Español Urgente, es preferible ‘la árbitra’, ‘una árbitra’, aunque las secuencias ‘el árbitra’, ‘un árbitra’, no sean incorrectas, sino raras.

Una de las ventajas que trae este sistema se verá en el mediano o largo plazo, cuando cuente con una vasta comunidad y entregue así mayor número de resolución de disputas a muy bajo costo.

Las superintendencias tienen importantes grupos de informática forense, con formación técnica y legal en recolección, embalaje y presentación de evidencias digitales.

Hace poco, la postura que defiende que el delito de agiotaje es más que suficiente para cubrir estas conductas tuvo un momento clave: el caso de la venta de boletas del Mundial de Fútbol y la empresa Ticketya.

La libertad de competir puede verse trasgredida por prácticas “oscuras” como acuerdos entre dos o más empresas que buscan fijar precios o determinar condiciones de venta.

Este tipo de expresiones constituyen el ejercicio del derecho de participación en el control del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución.

A través de un reciente concepto, la Dian explicó lo relacionado con la reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés, contempladas en el artículo 45 de la Ley.

¿Qué preguntas urgentes puede plantearnos esta historia para los investigadores que se interesan por el Derecho y la movilización social en el país?

La Ley 2113 del 2021 señala que este es un escenario de aprendizaje práctico en el que confluyen conocimientos, habilidades, competencias y valores éticos.

En un municipio pueden prestar el mismo servicio público varios prestadores que estén debidamente constituidos.

La vigencia de la tasa de descuento definida estará supeditada a las disposiciones del parágrafo del artículo 4° de la Resolución 004 del 2021.

La decisión obedece a señalamientos sobre malos manejos al frente de la administración de la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán.

La norma fue expedida para cumplir las órdenes impartidas en las sentencias del 4 de mayo del 2021 y 3 de junio del 2021 del Tribunal Administrativo de La Guajira y del Consejo de Estado, respectivamente.

De manera unánime, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 8º del artículo 79 del Código Disciplinario Militar (Ley 1862 del 2017).

Según el fallo, son procedentes estos descuentos en el porcentaje del 12 % señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

Los empleadores pueden aplicar en el pago de salarios correspondientes a nóminas de abril y mayo del 2021, es decir, 2 de los 8 ciclos previstos en la ampliación del programa.

La norma también hace ajustes en lo referente a la inscripción de actualización de la información del solicitante o titular y a requerimientos por no patentabilidad.

El desempeño de los cargos de diputado y concejal no implica el ejercicio de autoridad civil o política.

El cumplimiento de la medida estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales. Asobares expresó que esta medida deja más interrogantes que certezas.

Las notas débito y notas crédito son documentos electrónicos que se derivan de las operaciones de venta de bienes y/o prestación de servicios que han sido previamente facturados.

Se incluyen las sanciones autoliquidadas y las determinadas por la autoridad tributaria actualizadas en los términos del artículo 867-1 del E. T. y que correspondan a hechos ocurridos con anterioridad al 30 de junio del 2021.

Estos son los argumentos de la Sala Plena para mantener la investidura del senador Gustavo Petro.

La medida entrará en vigor para mayores de 18 años desde el próximo 16 de noviembre.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó las formas de notificación de las actuaciones de la Administración de impuestos.

El fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Para que resulte responsable el proveedor o productor basta con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneración.

Solo se podrán aplazar hasta las vacaciones correspondientes a dos años de servicio y por las causales señaladas en la norma.

Factores salariales sobre los que se efectuaron aportes deben incluirse en IBL para pensión de vejez de servidores públicos beneficiarios de la transición.

Aunque concluye el examen preliminar, se mantiene la complementariedad con la CPI para compartir información y tener reuniones periódicas.

El caso Interbolsa desnudó la falta de preparación de la justicia para juzgar delitos bursátiles.

La fusión no puede convertirse en un mecanismo para evadir el cumplimiento de obligaciones distintas de las de tipo económico.

En el caso de Colombia y de Bogotá, los accidentes de tránsito representan la segunda causa de las muertes violentas. La principal causa de muerte en el país son los homicidios (60,5 %), seguida de los accidentes de tránsito (21 %).

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, presentó un balance de su gestión, después de un año de liderar esa cartera y habló de la inseguridad ciudadana, entre otros temas.

La prohibición de gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión u oficio es expresa.

La ley no condicionó su trámite a la radicación directa por parte del interesado, máxime si el prestador habilitó un sitio web y un correo electrónico.

Tenemos una normativa insuficiente, que no garantiza su aplicación efectiva y, en consecuencia, debe ser reformulada.

Esta causal se puede originar por uno de dos eventos: la omisión en el decreto de la prueba o la omisión en la práctica de la prueba decretada.

Ante alguna de las contingencias los obligados a expedir factura electrónica deberán declararla e informarla a la Dian, siguiendo el procedimiento previsto en el anexo técnico versión 1.8.

A la fecha, se han presentado un total de 18 proyectos para la regulación del derecho a la muerte digna. No obstante, ninguno ha logrado convertirse en ley de la República.

La Superfinanciera también ajustó el porcentaje mínimo exigible en caso de incumplimiento del CFEN.

En esta forma de trabajo están los trabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen desde una oficina.

Esta decisión demuestra que aún falta mucho para que sean tomados en serio los ajustes que requiere el Sistema de Arbitraje de Inversiones Inversionista-Estado.

La norma determina las condiciones para la repatriación de recursos omitidos y que sean invertidos con vocación de permanencia y contempla también qué sucede ante el incumplimiento.

Estas investigaciones demuestran que muchas personalidades tienen estructuras corporativas en el extranjero, sin que se aprecie una necesidad razonable que lo explique.

Una investigación reciente de la Universidad de los Andes examinó el vínculo contractual que une a los domiciliarios con esa plataforma.

En un concepto, la Dian respondió una consulta sobre la aplicación de los Decretos Legislativos 438 y 551 del 2020.

Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por diez años, en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico.

Las sillas de ruedas hacen parte del PBS y, aunque no pueden ser financiadas con cargo a la UPC, las EPS pueden adelantar recobro.

La Dian resalta que es importante tener en cuenta la fuente de los recursos, pues deben corresponder al sistema de las EPS y ARS, los cuales están exentos de dicho gravamen.

Los responsables deberán parametrizar sus sistemas informáticos para controlar el número máximo de unidades que pueden ser adquiridas y garantizar que los bienes no superen los montos establecidos.

Se niega la solicitud de suspensión del decreto, mientras se determina si se ajusta o no a derecho.

El artículo 7 de la Ley 2155 del 2021 modificó el artículo 240 del E.T., estableciendo la tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas en el 35 %.

No obstante, el exservidor no tiene derecho al reintegro ni a que se le paguen los salarios y prestaciones que dejó de percibir.

El procedimiento y parámetro para efectuarlo le corresponde definirlo al legislador, en uso de su libertad de configuración legislativa.

Si no toman las medidas necesarias para evitar que las cuentas se queden sin dinero deben asumir con sus recursos la póliza de renta vitalicia.

El demandado demostró que superó los 15 años de experiencia que la propia Constitución Política impone para el ejercicio del cargo.

A través de un concepto, la Dian hace precisiones sobre corrección voluntaria, corrección provocada y el emplazamiento de corrección.

No hacerlo dejaría de lado que el entendimiento más favorable de la disposición en comento pretende subsanar el déficit de protección.

En este evento, se impondría una carga desproporcionada al demandante, luego de esperar por mucho tiempo una resolución a su controversia.

La poca creación de costumbre como fuente de derecho genera la necesidad que las partes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, deban regular las conductas.

No solo el empleador puede coartar el derecho de los trabajadores de seleccionar el régimen pensional que estimen conveniente.

Los delincuentes encuentran trabajo dondequiera que este sea rentable. La propiedad intelectual no es la excepción.

La distracción generalmente va más allá del simple ocultamiento y se traduce en verdaderos actos dispositivos.

La Dian indica que a quien le exijan un RUT donde se vea la fecha y hora actual debe generar una copia ingresando a los servicios en línea de la entidad.

El sistema registral de marcas no consiste en un mecanismo automático. De ahí la importancia que tienen las oficinas de registro a la hora de conferir derechos marcarios.

Se ratificó la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena de pagar dichos emolumentos a un magistrado del mismo.

Una vez surtido el proceso de registro se asignará un número único de identificación por cada vehículo con fines turísticos, el cual será consecutivo, no podrá duplicarse y deberá fijarse en lugar visible del coche.

La Dian precisó que el artículo 237 de la Ley 1819 del 2016 creó el régimen de tributación de las nuevas sociedades que inicien actividades en las Zomac.

No corresponde a la entidad emitir un acto general de interpretación sobre requerimientos de acreditación, pues esta atribución es exclusiva del legislador.

La administración distrital deberá cumplir lo ordenado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo.

Conozca los argumentos que podrían motivar la terminación de un nombramiento en provisionalidad

Los límites señalados rigen del 1º de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022.

Según la norma, la curul se asignará al candidato de la lista con mayor cantidad de votos. Las listas deben elaborarse teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad de género.

Se debe comprobar que la contingencia obedece al actuar contrario al estándar de conducta.

Aunque se accediera a lo pretendido, el cuestionado seguiría siendo el ganador con una ventaja de 5.332 votos.

Al contralor territorial le resulta aplicable la inhabilidad sobre ejercicio de autoridad administrativa en el mismo municipio.

La verificación, actualización y validación de la información de la historia laboral compete a la entidad que recibe o acepta una afiliación.

Los requisitos para el cargo de secretario general no son obstáculo para que el Gobierno pueda fijar un régimen salarial especial.

Sentencias como la citada son fundamentales para evitar que se siga abriendo un camino en la práctica judicial que nos conduzca a una vulneración al debido proceso.

Una cosa es que una empresa coordine y otra muy distinta que subordine al empleado, lo cual es característico de un contrato de trabajo.

Existen situaciones límite y excepcionales que permiten una protección médica que exceda la atención básica en urgencias.

Se evidenciaron acuerdos con comandantes de las autodefensas para recibir apoyo económico y en votos en campañas electorales.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto a la configuración del siniestro en los seguros de cumplimiento que son requisito legal para la devolución o compensación del tributo, así como los requisitos para su reclamación.

El Decreto 817 del 2020 estableció una excepción temporal a la prohibición prevista para las SAS en la Ley 1258 del 2008.

Con la concurrencia de la tecnología y los servicios legales, estos últimos se pueden alinear con el modelo de negocio de cada cliente.

Esta corporación negó la solicitud de suspender parte de un acuerdo del 2018, que convocó a la selección de funcionarios de carrera para la planta de personal del fondo.

Desde la radicación del proyecto, el Gobierno Nacional buscó eliminar del texto propuesto aquellas disposiciones que se volvieron el combustible del estallido social.

Esta figura se está fortaleciendo en los últimos años, gracias a la participación pluralista de la ciudadanía.

España tiene una de las jornadas más cortas, con 40 horas semanales, pero un índice de desempleo a julio del 2021 del 14,3 %, igual al de Colombia.

El concepto de reparación en nuestro ordenamiento jurídico tiene una connotación amplia para evitar limitar su alcance al plano estrictamente económico.

Obligaciones causadas después del inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago.

La Dian respondió este interrogante, teniendo en cuenta los pagos que se realicen para completar la cotización faltante durante los 36 meses contados a partir del 1º de junio del 2021.

La entidad recordó que para efectos de la realización del ingreso es menester atender lo señalado en los artículos 27 y 28 del Estatuto Tributario.

Esta y otras muy interesantes temáticas relacionadas con el comercio internacional y la inversión extranjera son objeto de estudio en nuestro programa de Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

El legislador no previó expresamente el mecanismo por medio del cual se debe suministrar el calzado y vestido de labor.

También recomendó que el Gobierno y el Congreso aborden un proyecto de ley para atender ajustes estructurales al sistema pensional, en remplazo de iniciativas asociadas a traslados exprés.

El término estrictamente indispensable previsto en la Ley 80 de 1993 tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio.

La Dian recordó lo que establece el artículo 23 de la Ley 1257 del 2008 y agregó que esta norma ha sido debidamente reglamentada mediante los decretos 2733 del 2012 y 4463 del 2011.

Las agremiaciones expresaron su preocupación por la medida, coinciden en afirmar que tendría un impacto directo en la desigualdad y en materia fiscal para el país.

La disposición que contiene el aparte condicionado establece el fortalecimiento financiero de la educación superior pública.

En la norma se precisaría el alcance del concepto de aprovechamiento económico en el impuesto y se regularía lo referente a la repatriación de recursos omitidos que sean invertidos con vocación de permanencia y al saneamiento de activos.

El artículo 31 de la Ley 1258 del 2008 en ningún caso señala que deba entenderse la escisión como una transformación.

Los estudios de educación formal y para el trabajo y desarrollo humano buscan desarrollar competencias laborales.

El Instituto Nacional de Contadores Públicos señala que el revisor fiscal no desempeña gestión fiscal, su función no puede confundirse con la de los administradores.

Garantía mínima de calidad e idoneidad de un bien o servicio también se suscribe al cumplimiento de los términos y condiciones pactados.

Los derechos de las acciones no fenecen por la muerte del accionista, los mismos se transmiten a las personas que dispone la ley.

El Ministro de Justicia anunció que, a más tardar, la próxima semana será presentado un proyecto de ley de seguridad al Congreso.

Es irrazonable interpretar que el Estado, como titular de la acción, pretende acceder ante la administración cuando formula la pretensión disciplinaria.

Existe información que, a pesar de no tener el carácter de secreta o reservada, es estratégica o confidencial y puede ser utilizada para otros fines.

Los árbitros son particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o equidad.

No se niega la inscripción, pero sí hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva. Se podría apelar a la objeción de conciencia.

El aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de prescripción, siempre que medie la correspondiente providencia.

No obstante, cuando el peticionario actúe en nombre de un tercero deberá manifestar y acreditar legalmente su calidad.

En los eventos de actividades peligrosas, el Estado solo puede exonerarse si se acredita que el daño provino de una causa extraña.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes aplicables a los prestadores.

La finalidad es que los asociados y administradores que hubieren permitido o realizado actos de fraude respondan solidariamente.

Minhacienda recibirá comentarios sobre el proyecto de norma hasta el próximo 1º de octubre a las 12 de la noche, a través de su página web.

La decisión de la Corte no solamente representa un ejercicio de orientación jurisprudencial estupendo. Si se permite la expresión: para dummies.

En los casos de atipicidad objetiva de la conducta es procedente aplicar un régimen objetivo de responsabilidad.

La UGPP presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero desistió del mismo.