Contraloría desconoce el Estado de derecho en fallos sobre revisoría fiscal: INCP

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP) rechazó la posición adoptada por la Contraloría General de la República en fallos proferidos en contra de revisores fiscales de empresas privadas que manejan o administran recursos o fondos públicos.

“La posición legal adoptada por la Contraloría desconoce flagrantemente las normas constitucionales y legales que definen la responsabilidad fiscal, el ejercicio de la profesión de contador público, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado”, señaló el instituto.

Las normas que regulan el ejercicio de la profesión y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado señalan claramente que los contadores públicos con funciones de revisoría fiscal no tienen dentro de sus funciones que conlleven una relación de conexidad próxima y necesaria con el manejo o administración de recursos o fondos públicos, recordó el INCP.

También reiteró que el artículo 41 de la Ley 43 de 1990 indica expresamente que el contador público en ejercicio de funciones de revisoría fiscal no es responsable de los actos de gestión de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios. “La norma en cita es una disposición legal vigente de obligatorio cumplimiento, por lo que la Contraloría no la puede desconocer en sus fallos”, afirma.

Las normas de aseguramiento, auditoría y de ética obligan a los contadores públicos a guardar independencia en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios.

Según el INCP, el ordenamiento jurídico colombiano establece con meridiana claridad que los contadores públicos que desarrollan su labor como revisores fiscales no desempeñan gestión fiscal, no actúan con ocasión de esta ni participan en cualquier acto que suponga participación, concurrencia, incidencia directa o indirecta en el manejo o administración de recursos o fondos públicos.

“No se trata solamente de la defensa de la profesión, sino de la seguridad que esta ofrece a las empresas en el desarrollo de sus operaciones nacionales e internacionales, que dependen de la existencia de una revisoría fiscal apropiada y ajustada a las leyes nacionales y a las prácticas internacionales”, dijo Luisa Fernanda Salcedo, presidenta de la Junta del Instituto Nacional de Contadores Públicos.

El INCP dijo que apoya todas las acciones para fortalecer la transparencia en los negocios y hace un llamado para que en desarrollo de la lucha contra la corrupción se respeten los principios fundamentales del Estado de derecho, como son el acatamiento de la Constitución, la ley y la jurisprudencia por parte de los órganos de control.

“Le hace daño al país que la Contraloría desgaste a las empresas y a las instituciones al proferir numerosos y sonoros fallos de responsabilidad fiscal, si dichas decisiones adolecen de desconocimiento sobre las funciones propias del revisor fiscal y de la profesión de contador público, posibles vicios de falsa motivación, desviación de poder o infracción de normas superiores”.