Delitos de cuello blanco, Interbolsa, OICV y derecho internacional

Juan Carlos Portilla

Profesor de la Maestría en Derecho Internacional Universidad de la Sabana

Edwin Hardin Sutherland, sociólogo de la Universidad de Chicago, acuñó el concepto del delincuente de cuello blanco, desafiando creencias de que un aristócrata no quebrantaba la ley. Para el FBI, estos delincuentes engañan y no usan fuerza. ¿Motivación? Obtener dinero. La impunidad es la regla. Esto fue Interbolsa: ni justicia para responsables, ni verdad, y nula reparación para víctimas. Este noviembre, hace 9 años, el Gobierno ordenó su liquidación. Debido al aniversario, estudiemos el caso Interbolsa bajo los principios de regulación del mercado de valores de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV). Primero, veamos el origen de la OICV, su naturaleza jurídica bajo el derecho internacional y su función de legislador mundial de los mercados bursátiles para entender Interbolsa. 

OICV

En 1983, 11 supervisores del mercado de valores de América transformaron su asociación en un cuerpo global de cooperación para estos mercados. Un año después, supervisores de Francia, Indonesia, Corea y Reino Unido fueron los primeros entes extrarregionalas en unirse a la naciente OICV. Actualmente, más de 130 supervisores son miembros ordinarios de OICV, incluyendo a la Superintendencia Financiera de Colombia. La OICV no se constituyó por tratado internacional sujeto a ratificación, sino como entidad sin ánimo de lucro bajo leyes canadienses. Entes descentralizados (supervisores) adscritos al sector central del gobierno son miembros de la OICV. Lo anterior originó una diplomacia tecnócrata y bursátil global. Hoy, OICV es un foro de supervisores promulgando principios regulando el mercado de valores, trabajando de la mano del G-20 y con la Junta de Estabilidad Financiera, con la meta de lograr estabilidad de los mercados globales.

Principios OICV

OICV protege los consumidores de servicios financieros contra la manipulación del mercado bursátil, garantiza que los mercados sean justos, eficientes y transparentes y la reducción del riesgo sistémico. OICV promulga principios relativos a la aplicación de la regulación del mercado, abordando la capacidad del regulador para tomar medidas preventivas y proteger los consumidores de servicios financieros del fraude. Existen principios relativos a las sociedades comisionistas de bolsa (SCB), las cuales deberán operar con diligencia debida, evitando colocar sus propios intereses por encima de los de sus clientes y garantizar así la integridad del mercado. Deben tener controles (gobierno corporativo) y cumplir sus obligaciones regulatorias. El equipo directivo de una SCB y su auditoría son responsables de asegurar esos controles. OICV recoge los deberes fiduciarios de una agencia bajo la cual una SCB debe seguir a la luz de la teoría del principal (clientes)-agente (SCB). Cuando esta relación de agencia (protegida por OICV) se incumple por parte de una SCB, entonces el mercado puede experimentar una manipulación fraudulenta de valores, estafa, lavado de dinero, administración desleal y la insolvencia de una SCB. Esto es lo que pasó con Interbolsa.    

Interbolsa

Entre el 2010 y el 2012, el Gobierno falló al no ejercer una preventiva supervisión sobre Interbolsa, permitiéndoles manipular sin control el precio de la acción de Fabricato. Interbolsa y sus aliados buscaron inflar el precio de tal acción a través de su manipulación, queriendo enajenar a Fabricato a un comprador cuando su precio estuviera en niveles deseados. Entre noviembre del 2010 y el 1º de noviembre del 2012, la acción de Fabricato pasó de $26 a $91. Esto se efectuó a través operaciones repos, bajo los cuales se entregaba la acción en garantía respaldando préstamos por un plazo no mayor a 90 días. Los repos le daban a Interbolsa y sus aliados artillería (liquidez) para manipular su precio. En el 2013, la Fiscalía imputó cargos a Alessandro Corridori por delitos de concierto para delinquir, manipulación de valores inscritos en el registro nacional de valores y administración desleal. Interbolsa y Corridori fueron señalados de usar dineros de clientes para inflar el precio de la acción de Fabricato. También incumplieron normas del sector realizando la compra de Fabricato sin una oferta pública de adquisición. El Gobierno falló a los ahorradores de Interbolsa al no protegerlos contra el fraude.

El Fondo Premium Capital Appreciation era controlado y usado por Interbolsa para estafa agravada, abuso de confianza, utilización indebida de fondos captados del público, operaciones no autorizadas con accionistas, evasión fiscal y lavado de dinero. El fondo fue constituido en Curazao, paraíso fiscal, en el 2000. No estuvo declarado ante la Dian. La evasión, según la Dian, llegó a 50 millones de dólares. Interbolsa, agente corresponsal del fondo en Colombia, captaba ahorros de sus clientes en Colombia con la promesa de invertirlos en el exterior. Los clientes confiaban sus ahorros a ellos, pero nunca sospecharon que Interbolsa, una vez los recursos llegaban a Curazao, los repatriaba a Colombia hacia compañías controladas por Interbolsa (Valores Incorporados S. A. y Rentafolio Bursátil). Así, los dineros eran utilizados para especular con las acciones de Fabricato o para préstamos a socios de Interbolsa. Interbolsa no actuó con transparencia frente a sus clientes colocando sus intereses por encima de los de sus ahorradores, comprometiendo la integridad del mercado y violando los principios OICV.  

Las víctimas e impunidad

De las víctimas (más de 1.500) de Interbolsa, solo 492 han sido reconocidas por el Gobierno. Estas reclamaron la suma de 254.000 millones de pesos. No obstante, solo recuperaron 65.000 millones de pesos. Entre ellas, encontramos miles de colombianos que entregaron sus ahorros a Interbolsa y a AFP Protección, Alianza Fiduciaria, la Universidad Santo Tomás (sedes Bucaramanga y Tunja) y el BBVA, a quien Interbolsa no le pagó un crédito de 17.000 millones de pesos. ¿Le cabe al Estado colombiano responsabilidad por falla del servicio de supervisión sobre Interbolsa? Si en Colombia no hubiese posibilidad de justicia, verdad y reparación después de agotar todas nuestras instancias administrativas y judiciales, ¿procedería entonces el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?  

El caso Interbolsa desnudó la falta de preparación de la justicia para juzgar delitos bursátiles, como manipulación del mercado, uso indebido de información privilegiada, uso de paraísos fiscales con fines criminales u operaciones de ventas cortas que cruzan lo penal. En agosto del 2020, se supo que el juez 33 de Bogotá decretó la prescripción de los delitos por los que estaba siendo juzgado Alessandro Corridori, del caso Interbolsa.

Con Interbolsa, se violaron objetivos de regulación del mercado de valores de la OICV, a la cual nuestra Superintendencia Financiera es miembro. Los delincuentes de cuello blanco no usan fuerza en sus delitos, sino que engañan a aquellos quienes pecan al confiar bajo una relación de principal-agente.