“La inseguridad ciudadana amenaza la calidad de la democracia y la propia gobernabilidad”

En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, presentó un balance de su gestión, después de un año de liderar esa cartera. También explicó detalles sobre las estrategias que viene adelantando para hacer frente a uno de los problemas que más aqueja a los colombianos: la delincuencia en las ciudades.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles cree que son los motivos del aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana?

 

Wilson Ruíz Orejuela: Es importante precisar que la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos obedece a que hay un alto nivel de sofisticación de las organizaciones delincuenciales, gracias a que reciben ingresos importantes, derivados de las rentas criminales, como son narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

Á. J.: El incremento de la inseguridad ha producido que la ciudadanía pida a las instituciones tomar cartas en el asunto. ¿Qué llamado hace desde su cartera sobre este punto a quienes administran justicia?

 

W. R. O.: Como lo dije, no es que haya mayores niveles de inseguridad, lo que pasa es que por la sofisticación de estas organizaciones criminales y el nivel de financiación que existe para las actividades ilícitas hay mayor impacto del delito. Más que un llamado, la premisa que orienta nuestro trabajo es que somos un equipo: Gobierno, jueces, fiscales, fuerza pública y autoridades locales, que trabajamos articuladamente en contra del crimen.

La inseguridad ciudadana amenaza la calidad de la democracia y la propia gobernabilidad y, para enfrentar este fenómeno, se debe tener una visión de conjunto y de largo plazo, donde las causas son un factor que se tienen que trabajar en forma paralela a sus efectos.

Quienes ingresan al mundo delictivo hacen una elección racional basada en un examen de los costos y beneficios que reporta la actividad ilegal. Si las personas que son proclives encuentran que los riesgos son bajos frente a ganancias muy altas, estarán animados a cometer el delito.

Por ello, se requiere un eficaz sistema de prevención y sanción en la expansión del delito, por lo que el Sector Justicia y del Derecho trabaja día a día. En ese sentido, resalto y agradezco a los jueces de la República por su constante y ardua labor de impartir justicia en nuestro país. Por otra parte, los órganos que administran justicia encaminan todas sus labores de forma eficiente y eficaz con el fin de identificar a los responsables y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las diferentes conductas que se despliegan y atentan contra la paz y la seguridad ciudadana.

Aunado a lo anterior, estamos construyendo un proyecto de ley, “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, que tiene por finalidad la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos con los que cuentan las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana.

Á. J.: ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa que busca evitar la reincidencia?

 

W. R. O.: En el tema de los reincidentes, la propuesta del Ministerio de Justicia (Minjusticia) consiste en la elaboración de un proyecto de ley que busca aumentar las penas para las personas que vuelvan a cometer dicha conducta punible y, de igual manera, agravar esas conductas, con el fin de que estos individuos no se puedan acoger a los beneficios de prisión domiciliaria y libertad condicional.

Á. J.: ¿Cuáles son los principales puntos que componen la propuesta?

 

W. R. O.: Aquí debe decirse que la reincidencia se ha venido incrementando, gradualmente, desde el año 2013 hasta la fecha (del 14 % al 22 %). Los delitos de hurto, tráfico, fabricación o el porte de estupefacientes (o de armas) y el homicidio constituyen los tipos penales que presentan mayor repetitividad entre la población que delinque nuevamente. Esto demanda un fortalecimiento de la política criminal que proteja a la ciudadanía de este fenómeno.

La propuesta está plenamente justificada, porque (i) no implica la realización de juicios sobre la personalidad del sujeto; (ii) es una manera efectiva de prevenir a quien fue condenado por un delito, para que no cometa otra vez tal conducta, y (iii) se encuentra dentro del margen de configuración del legislador en la materia, de acuerdo con los límites de la Constitución.

En otras palabras, por medio de esta propuesta se busca disminuir, y ojalá acabar, con la reincidencia de la población que ha delinquido.

Dentro de este proyecto de ley, se incluyen agravantes punitivos por reincidencia, perturbación del servicio público o que se afecte la infraestructura pública y diferenciación por montos hurtados. Adicionalmente, se crean como delitos autónomos la intimidación y la amenaza con arma de fuego, el porte de arma blanca y la obstrucción de la función pública. Se introduce al delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones con la inclusión de armas, elementos o dispositivos menos letales o cuando hayan sido alteradas para aumentar su letalidad.

Á. J.: A propósito del anuncio que realizó el presidente Iván Duque sobre la adquisición de un lote para fortalecer la capacidad penitenciaria y carcelaria del país. ¿Cómo está la situación de hacinamiento carcelario?

 

W. R. O.: Hemos logrado una cifra histórica en la reducción del hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional que están a cargo del Inpec. Hace solo 18 meses, los índices de hacinamiento estaban por el orden del 54,4 % y se disminuyó al 16,7 %.

Debido a que hemos recibido este año en las cárceles y penitenciarías a cerca de 32.000 privados de la libertad de estaciones de policía y URI, para contribuir con el deshacinamiento de estos centros de detención transitoria, hoy tenemos un hacinamiento de 20,2, con una capacidad para 80.429, y una población de 96.740, es decir, tenemos una sobrepoblación de 16.311 internos en los establecimientos de reclusión.

Á. J.: ¿Existe alguna propuesta o iniciativa para construir más cárceles en el territorio nacional?

 

W. R. O.: Este es un tema prioritario para el Gobierno Nacional y para mí como Ministro de Justicia. Con base en el plan que nos hemos trazado para fortalecer la infraestructura carcelaria y penitenciaria y habilitar nuevos cupos, en el 2021 entregamos una ampliación del establecimiento de Girón y obras en Ipiales, donde se adecuaron 1.360 cupos.

Durante lo corrido de este Gobierno, hemos habilitado 2.310 nuevos cupos y tenemos proyectados entregar a agosto del 2022, 2.719 nuevos cupos. Es decir, este Gobierno terminará su mandato con 5.029 nuevos cupos entregados y en avance de obra 5.014 cupos.

A finales de este año, entregaremos un pabellón en los establecimientos de Cartagena, Santa Marta, Itagüí y Barranquilla, con capacidad para 510 cupos en cada uno de ellos.

Á. J.: Después de un año al frente de la cartera de justicia, ¿cuál es el balance en lo que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada?

 

W. R. O.: Es un balance positivo, pero no suficiente. Si bien este año el Minjusticia muestra grandes resultados, tenemos que seguir trabajando, sin descanso, para combatir el delito y esa debe ser una tarea de todas las instituciones, con el apoyo de la ciudadanía.

Resalto como positivo de nuestra gestión la expedición, por primera vez en el país, del Plan Nacional de Política Criminal (PNPC), como instrumento de navegación del Estado para la lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos ciudadanos. El PNPC permite articular los esfuerzos de todas las autoridades competentes en materia de lucha contra la delincuencia.

Á. J.: ¿Qué resultados pueden destacarse desde su creación?

 

W. R. O.: El PNPC fue adoptado por el Consejo Superior de Política Criminal, el pasado 26 de julio. Por esto, muchos de sus principales avances aún no han sido expedidos y anunciados, pero le voy a anticipar algunos que pronto presentaremos: la activación del centro contra las finanzas de organizaciones criminales, la política de prevención del delito por parte de adolescentes y jóvenes, el plan de acción para la resocialización y la disminución de la reincidencia y la política de justicia juvenil restaurativa. Esto solo por señalar algunos de los esfuerzos del Minjusticia y las entidades que hacen parte del Consejo Superior de Política Criminal. El plan incluye acciones para articular las 14 entidades que hacen parte del Consejo y que tienen competencia en esta materia.

Á. J.: ¿Qué otros logros pueden resaltarse de su gestión?

 

W. R. O.: Mencionaré algunos de los más relevantes: la expedición del marco regulatorio del cannabis para usos medicinales y científicos, la expedición de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la reducción del hacinamiento carcelario, los lineamientos de política pública para la resocialización, la firma de más de 285 extradiciones, el primer estudio de acciones conjuntas con comunidades étnicas para prevenir el consumo de drogas ilícitas, el marco regulatorio y el fortalecimiento de las comisarías de familia, así como el primer banco de proyectos para que las entidades territoriales y resguardos indígenas puedan desarrollar iniciativas para la lucha contra las drogas ilícitas. Durante el 2021, gracias a este banco de proyectos, se ejecutan iniciativas territoriales por alrededor de 5.000 millones de pesos. 

El Gobierno Nacional designó en el Minjusticia la tarea de actualizar y fortalecer el ordenamiento jurídico respecto de la administración, el acceso y la calidad de la justicia.

Igualmente, con el fin hacer posible la digitalización de la justicia, el Gobierno fue enfático en la necesidad de buscar la financiación correspondiente, bajo ese objetivo se logró la aprobación de empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares para ejecutar en un horizonte de 12 años.

Á. J.: ¿A qué desafíos se enfrenta la cartera para el periodo restante?

 

W. R. O.: Son múltiples los desafíos. Resalto algunos: la lucha contra la criminalidad organizada y sus finanzas ilícitas. La cartera ministerial, que tengo el honor de dirigir, está enfocada en el fortalecimiento del ordenamiento jurídico y el acceso a la justicia. Así, el Minjusticia está impulsando iniciativas legislativas al respecto, y la gestión de crédito para la implementación de la justicia digital y de programas que fortalecen el acceso a la justicia que se imparte desde el Ejecutivo.

La digitalización de la justicia es uno de los más grandes desafíos, para el cual se accedió a una línea de crédito con el BID, el cual tiene un horizonte de 12 años, con una primera fase de 4 años por 100 millones de dólares. Esta primera fase, aunada en los avances que ya está cumpliendo la Rama Judicial, busca que la gestión de los procesos judiciales sea oportuna y funcione de manera eficiente y efectiva, fase que está conformada por dos esquemas de ejecución: la implementación del expediente electrónico en la Rama Judicial, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, y la implementación del expediente electrónico en las entidades ejecutivas con funciones jurisdiccionales, a cargo del Minjusticia.

De igual forma, nos encontramos acompañando los ejercicios de socialización de la política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos, con el objetivo de incentivar la adopción de estrategias que fortalezcan las etapas de investigación, judicialización y sanción de las agresiones contra los defensores de derechos humanos.