La segunda edición de esta obra hace un recorrido adicional a la primera frente a todas las partes que integran el derecho parlamentario colombiano.

El experto Jairo Villegas Arbeláez nos presenta un completo tratado sobre el derecho del trabajo en la función pública.

En 30 años, los postulados principales sobre los que se cimientan las democracias contemporáneas no habían sido objeto de cuestionamientos tan generalizados y abstractos.

Como forma de mitigar la crisis derivada del covid-19 y de las medidas tomadas para su control, se expidieron los decretos 560 y 772 del 2020.

Este libro ofrece un panorama general de esta importante disciplina jurídica, dirigida a expertos y a quienes empiezan a incursionar en ella.

Según la Corte Constitucional, el artículo 243 del PND no desconoce el mandato constitucional de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la Carta Política.

Al resolver un mecanismo de revisión eventual dentro de una acción de grupo promovida en contra de una empresa de energía y otras entidades, el alto tribunal unificó su jurisprudencia.

El alto tribunal recordó los antecedentes, concepto, alcance y test existentes en materia de protección de la propiedad intelectual respecto del software.

No se evidenció que el funcionario haya desbordado la órbita de sus funciones como juez constitucional, ni que haya desplazado las atribuidas a los jueces ordinarios.

Si no se ha incurrido en dolo o culpa, se podría disponer de un término de tres meses para poner fin a la situación.

Entre los que me han llamado la atención, figura, por ejemplo, uno que tiene que ver con la designatura y la vicepresidencia.

La Corte Suprema casó una sentencia que había negado las pretensiones de una demanda laboral promovida por una mujer que fue despedida de una empresa de servicios públicos.

Así lo hizo la Sala Civil del alto tribunal luego de negar una acción de tutela a un juez en contra de la decisión de la Sala Penal de la misma Corporación que lo condenó por prevaricato.

El descanso busca la recuperación de la madre y la atención del recién nacido, lo cual incide en su desarrollo armónico e integral.

A partir del 2023, la norma regirá para las autorizaciones de vigencias futuras para la asignación para la Paz hasta el 31 de diciembre del 2037.

La inclusión de los caballos en las protestas se hace con el fin de generar un efecto disuasorio a los manifestantes cuando aquellas se tornan violentas.

La Corte Constitucional, en sentencia de unificación, negó una tutela en contra del fallo del Consejo de Estado proferido en 2018 que ordenó la restitución de un inmueble al municipio de Valledupar.

El presidente Duque indicó que la política tiene que ver con el régimen de propiedad horizontal comercial, con financiamiento, esquemas de distribución y el de pagos digitales, vital para los comerciantes.

Así lo señaló la Corte Constitucional al inhibirse de pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta en contra las normas que regulan la figura de la entrega vigilada y el agente encubierto, por considerar que en estas se configuraba una omisión legislativa relativa.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) y los literales (a) y (b) (parciales) del artículo 2º de la Ley 2089 del 2021.

Durante la interrupción cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios y del empleador de cancelar salarios.

Decretar y practicar pruebas de oficio puede, en determinados casos, pasar de ser una facultad a ser un imperativo para el juez.

Los sectores con más recursos son educación ($ 49,3 billones), defensa ($ 41,9 billones), salud ($ 41,2 billones), trabajo ($ 36 billones), hacienda ($ 23,9 billones) e inclusión social ($ 21,7 billones).

Las entidades territoriales no están obligadas a otorgar exenciones, la disposición es potestativa y mediante acuerdo.

Según la Corte Constitucional, la Corte Suprema desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal (a) del artículo 47 de la Ley 100.

Con la Resolución 1455 del 2021, estableció el listado de beneficiarios para la transferencia monetaria del tercer ciclo de pagos de la compensación IVA.

El Consejo de Estado anuló una expresión de una circular expedida por el director de una cárcel de Caldas que limitaba el número de personas sin primer grado de consanguinidad con los reclusos que podían ingresar a visitarlos dentro del establecimiento carcelario.

Esta causal se configura cuando las circunstancias de hecho y derecho no tienen correspondencia con la decisión que se adopta.

En este caso no opera la regla de continuidad sino de desinvestidura automática, que obliga a la separación inmediata del cargo.

La Registraduría dispuso de una plataforma web para realizar la preinscripción online de los candidatos y luego se podrá formalizar ante la autoridad electoral competente.

No es la primera vez que se pone a consideración de esta corporación un caso en el que se encubren bajo la apariencia de muertos en combate homicidios de población civil.

Además de dicha orden, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior a través de una decisión de tutela hacer un censo en todas las salas penales del país para conocer las cifras de los procesos represados y crear un sistema de alertas para identificar los despachos congestionados.

Continua el debate en torno al regreso a las sedes judiciales, quienes están en contra de este modelo destacan las ventajas que ha demostrado la virtualidad durante la pandemia.

No obstante, los operadores de red deben constituir un instrumento financiero que ampare a los usuarios conectados a su sistema.

El aparte demandado persigue finalidades que no están prohibidas constitucionalmente, explicó el alto tribunal.

Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de garantizar el acceso físico o electrónico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales.

Los desplazamientos que adelanten dichos funcionarios a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen.

Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de confirmar una sentencia que absolvió a la Fiscalía General de indemnizar a un militar que fue detenido preventivamente dentro de una investigación por falsos positivos.

El Consejo de Estado adoptó dicha decisión al resolver una demanda de nulidad electoral presentada en contra de dicha elección. Aprovechó para unificar la jurisprudencia respecto al alcance de una expresión del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.

Se trata de dos hechos jurídicos diferentes, donde cada uno se constituye en un hecho generador del impuesto.

La Supersociedades muestra cómo emprender, cómo formalizar el emprendimiento, qué es una sociedad y cómo consitutirla.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la sentencia de primera instancia, que declaró responsable disciplinariamente a un abogado.

La imposición unilateral de multas contractuales no era viable antes de la expedición de le Ley 1150 del 2007, explicó la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Si se requiere realizar corrección o remplazo de la información, esta deberá realizarse en forma virtual, de acuerdo con las características y condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico.

Al casar la sentencia absolutoria de segunda instancia, la Corte reiteró la necesidad de aplicar el enfoque de género a este tipo de casos. Se recordó que no puede exigirse un comportamiento determinado por parte de la víctima como presupuesto para sancionar la conducta.

La causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de tiene su razón de ser en el compromiso que adquiere el elegido con sus electores.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del inciso 2º y el inciso 3º del parágrafo del artículo 8 de la Ley 1421 del 2010.

Según el decreto, Mininterior está habilitado para ejercer las funciones constitucionales como ministro delegatario durante la ausencia del mandatario.

La Corte Constitucional dio a conocer el fallo que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 7 del artículo 211 del Código Penal. A través del condicionamiento se clarifica que la discapacidad no hace automáticamente a una persona incapaz de resistir un acto sexual.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, no es posible analizar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada y declarada inexequible.

Iniciativa popular es el mecanismo contemplado por el constituyente para que la sociedad se pronuncie y alce su voz en el marco de la creación normativa.

Para ser elegido alcalde se requiere haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o área metropolitana.

La Comisión de Disciplina Judicial revocó un fallo que declaró responsable disciplinariamente a una fiscal por su inasistencia a unas audiencias. La Sala tuvo en cuenta la elevada carga laboral de la mujer, así como el hecho de que presentaba un embarazo de alto riesgo.

La solicitud que efectúe un contribuyente para la devolución se regirá por el procedimiento general vigente aplicable.

Así lo dio a conocer el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus redes sociales. Para acceder a la vacuna se habilitó un formulario para diligenciamiento de datos y la jornada se adelantará en el Palacio de Justicia.

Bajo el marco de un auto proferido el 26 de junio del 2019 por la Sala Plena del Consejo de Estado se consideró como criterio jurisprudencial las dos las decisiones susceptibles de este recurso.

Constituye una carga para los interesados probar el supuesto de hecho si pretenden que se profiera un fallo favorable a sus pretensiones.

El primer fundamento de la trasgresión es que esta ley fue aprobada como ley ordinaria y no como estatutaria.

No puede haber cruce de horario y el tiempo total de las vinculaciones con el Estado no debe sobrepasar de 12 horas diarias y 66 a la semana.

Uno de los criterios básicos que deben ser observados sobre la posibilidad de modificar las inscripciones de los candidatos es el respeto a la titularidad de los postulantes.

Sala Penal precisó que no basta con que en la acusación y en la sentencia se indique con precisión el fundamento normativo de la circunstancia de agravación.

El decreto no es de asistencia militar, sino para desarrollar una función constitucional que tiene el Presidente de la República, argumentó el mandatario.

De acuerdo con el comunicado del alto tribunal, dicho decreto amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que perturbarían el orden público tienen que ver con funciones que están a cargo de la Policía Nacional, no de las fuerzas militares.

Es necesario que tanto el suscriptor potencial como el inmueble cumplan con las condiciones que señale el prestador.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 1 (parcial) y 24 (parcial) del Decreto 588 del 2017.

La Sala declaró la nulidad de la expresión “libre nombramiento y remoción” del artículo 1 del Decreto 4353 del 2005, el cual modificó la nomenclatura y clasificación de empleos de la Aerocivil, por violar el artículo 125 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 del 2004.

La Sala Penal de la Corte revocó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó el reconocimiento como víctima a Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave dentro del proceso en contra del expresidente Uribe.

Fueron demandadas expresiones del artículo 1 de la Ley 61 de 1993, así como los artículos 76 y 77 del Decreto ley 356 de 1994. Las normas son acusadas, entre otros cargos, de violar el principio de legalidad y la reserva de ley establecida por la Constitución.

Uno de los pilares del sistema penal establecido en la Ley 906 del 2004 es el derecho de confrontación de la prueba.

Las características de dicha situación administrativa son conocidas previamente por la persona que es nombrada.

El juez de primera instancia evidenció que solo se había entregado un 28 % de las ayudas programadas para los grupos indígenas.

La Sala Plena de la Corte Constitucional anunció una nueva decisión sobre la eutanasia en la que amplió la condicionalidad de la exequibilidad del tipo penal del homicidio por piedad a enfermos no terminales.

Los ajustes buscan generar mayor eficiencia en el Sistema General de Pensiones, reducir los tiempos de los trámites asociados al bono pensional y mejorar el proceso.

El Ministerio de Defensa, el Ejército e Isagén habían sido condenados por la muerte de un ingeniero dentro de una central hidroeléctrica bajo el título de imputación por riesgo excepcional.

La decisión la tomó el Consejo de Estado luego de negar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María del Pilar Hurtado en contra de la decisión de la Procuraduría que la destituyó en 2010 por su participación en las chuzadas del DAS.

Deberán observar aspectos fundamentales como su naturaleza y los regímenes jurídico, tributario y laboral aplicables.

El Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Declaran inexequible la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, establecido en el PND 2018-2022

Cuentan con un componente de reforma a la estructura orgánica de la Policía para incorporar mejores prácticas, competencias, una dirección de derechos humanos y un componente de servicio policial en la renovación del sistema de cuadrantes.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial modificó parcialmente la sentencia y en su lugar impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 18 meses.

Al resolver una tutela interpuesta por el padre de crianza de la menor, el alto tribunal protegió el interés superior de esta y explicó que, en reconocimiento de las diferentes formas de familia existentes, tenía que protegerse tanto el vínculo sanguíneo como el de crianza.

El impuesto se causa cuando tiene lugar alguno de los supuestos señalados por el legislador, con excepción de los expresamente excluidos.

Debemos recuperar la confianza en nuestras instituciones y en quienes las dirigen, pero si los demás obran de manera contraria a la ley, deberán enfrentarse a la justicia.

Los reparos se centran en los artículos 2°, 4° y 7° y en la expresión “mujeres”.

La incorporación solo sucede cuando el predio no existía dentro de dicha base y se ingrese con ocasión de cualquiera de los procesos catastrales.

Medellín y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos.

El artículo 196 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 precisa que las entidades públicas deben dar prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años.

La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que la pérdida de derechos políticos debe ocurrir como consecuencia de una condena de naturaleza penal.

Es competencia de la respectiva entidad determinar si en el caso concreto este llamado de atención está tipificado.

En su esencia inicial, este principio promueve la adopción de medidas de protección, pese a que no haya pruebas científicas completas que demuestren la existencia de un riesgo.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en París en el 2015, los países establecieron compromisos para limitar el calentamiento global.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial así lo consideró luego de revocar una decisión de primera instancia que había multado a una mujer por presentar una queja en contra de la jueza que adelantaba un proceso ejecutivo en su contra.

En todo caso, el propietario del bien afecto a la servidumbre podrá obtener una indemnización por la imposición de la misma.

La Ley 1715 del 2014 es el comienzo del camino que debe recorrer Colombia en la promoción del hidrógeno para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París.

La abogada Floralba Padrón Pardo, experta constitucionalista, cree que el uso del Derecho Penal, el aumento de penas y la cárcel no son herramientas eficientes para prevenir esta clase de delitos.

Los miembros de las JAC conocen como ninguno a los residentes de cada UPZ, sus necesidades y conflictos, conocimiento fundamental para iniciar a resolver conflictos sociales.

La misión del desacato es hacer cumplir de manera efectiva las órdenes impartidas para la protección de los derechos fundamentales.

En Colombia, se incorpora el medioambiente como un componente de diversos aspectos de la Constitución.

La virtualidad y la modernización de la justicia tienen detractores agazapados que siempre conspiran contra las disposiciones que van dejando de lado hábitos caducos y retardatarios.

Así lo recordó el Consejo de Estado luego de dejar sin efectos una sentencia proferida por un juzgado administrativo en la que ordenaba indemnizar a un recluso del INPEC, pese a que ya había una orden judicial preexistente que lo reparaba por los mismos hechos.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que el parágrafo 1º del artículo 1° de la Ley 860 del 2003 fue condicionado por la Corte Constitucional.

La idea de que los impuestos progresivos sean temporales data de esta lejana época.

El derecho de manifestación pacífica o el llamado de protesta social no comprende la negociación con las autoridades públicas.

La legítima defensa no es nada más que el ejercicio de la violencia para proteger un bien jurídico propio o ajeno atacado de forma injusta.

El objetivo de la Ley 2104 es fortalecer las relaciones del país con la Unión Europea y ampliar la oferta financiera.

Pese al amplio margen de interpretación de los jueces, no pueden, ante las diversas interpretaciones de una norma, elegir la desfavorable al trabajador.

Además de la suspensión del plan de vacunación y otras pretensiones, la tutela buscaba que se convocara a una consulta popular para que la gente decidiera sobre la llegada de vacunas al país.

El canciller alemán Adenauer humillaba a Erhard, Churchill menospreciaba a Eden y De Gaulle no creía mucho en Pompidou, sus sucesores respectivos.

Más que un libro con conclusiones absolutas, esta investigación busca aportar al debate sobre los derechos fundamentales y la sociedad.

El trabajador deberá tramitar el documento en un término de 18 meses a partir de la vinculación laboral.

A través de estas 12 biografías sutilmente entrelazadas, Enrique Krauze esclarece el dilema central de América Latina, la tensión entre el ideal de la democracia y la tentación, siempre presente, del mesianismo político.

Este libro es un llamado a los jóvenes a hacerse escuchar pacíficamente a favor de la democracia y la convivencia.

La Corte Constitucional explicó que este debido proceso no es un concepto absoluto, sino que presupone distinciones ordenadas por la propia Carta Política y por la ley.

Grandes competidores posicionados en el mercado ofertan experiencias 100 % digitalizadas, rápidas y seguras.

La demanda había sido interpuesta en contra del inciso que le otorgó facultades extraordinarias al Presidente para ampliar y modificar la planta de personal de la Contraloría General.

De la investigación se puede deducir que el peligro para la comunidad es uno de los instrumentos preferidos del legislador, influido por un populismo penal irracional.

Se trata de un borrador de Documento Conpes con el cual fortalecer las competencias y trayectorias de vida de la población joven del país con el fin de generar mayores capacidades y oportunidades para esta población.

La nueva norma aprueba el convenio constitutivo, así como el Convenio de administración del Fondo Multilateral de Inversiones III.

Al estudiar una tutela, un Juzgado Civil del Circuito de Cartagena le ordenó al Minsalud y a una EPS garantizar dicha aplicación al tutelante en las condiciones indicadas.

Reflexiones sobre las implicaciones de la pandemia de covid-19 y las medidas de las autoridades para controlarla en los contratos de crédito celebrados entre las instituciones financieras y sus clientes deudores.

El error de hecho se refiere a equivocaciones del juzgador en relación con la materialidad de las pruebas, en cuanto las ignora o las supone, o en cuanto cercena o adiciona su contenido.

Hoy, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005 a 15 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón de Artillería La Popa.

Precisó que las zonas francas son un espacio del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales o comerciales, bajo una normativa especial.

Esto dijo la Corte Constitucional al resolver una tutela contra Colpensiones. Aunque confirmó la procedencia del amparo, revocó la condena en abstracto que le había impuesto el juez de instancia a la entidad por daño emergente y otros conceptos.

El Consejo de Estado declaró la nulidad del Concepto 002501 del 2019 de la Dian, también identificado con el Oficio 026356 del 2019.

El alto tribunal concedió una tutela en contra de una decisión de segunda instancia que había revocado el fallo condenatorio. Para la Sala, dicha decisión incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración del material probatorio.

El alto tribunal revocó un fallo que rechazó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por presuntamente haber operado la caducidad. La Sala encontró que la demanda fue presentada a tiempo dada la suspensión de términos decretada por la pandemia.

Lo que constituye la inhabilidad es la intervención en la celebración de contratos y no su ejecución, indicó el DAFP.

La Corte concedió una tutela a un hombre a quien su EPS le condicionaba la entrega de algunos de sus medicamentos a que se trasladase a un municipio distinto al de su domicilio, pese a ser un paciente de alto riesgo.

Así lo decidió la Corte al resolver una demanda en contra de Colpensiones y un fondo privado. La Sala aprovechó para recordar los requisitos para considerarse pensionado dentro de un fondo privado así como las modalidades pensionales de dicho régimen.

Las redes sociales son un medio idóneo de carácter electrónico para el ejercicio del derecho de petición.

Solo a las empresas sometidas a supervisión de la Supersociedades les aplica el numeral 4 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.

Trato diferenciado a personas desarraigadas no traduce en que promotores de agencia incumplan requisitos para ejercerla.

Este fenómeno se enmarca en la causal de nulidad relacionada con que los documentos contienen datos contrarios a la verdad o son falsos.

La Corte negó, en sede de revisión, una acción de tutela a una mujer que pretendía la reliquidación de su pensión gracia de docente ya que no era liquidada con el salario de su último año laborado.

Este grupo de abogados se suman para fortalecer las áreas de solución de conflictos y propiedad intelectual.

La respuesta no favorable al accionante de un derecho de petición no significa que se esté incumpliendo la orden de emitir pronunciamiento de fondo.

La Sección Tercera del Consejo de Estado precisó los efectos y alcances de la cesión de un contrato.

El proyecto se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso. Según indicó el ministro, con el articulado no se toca el IVA, las pensiones y tampoco la base gravable de renta para personas naturales.

La Corte Constitucional concedió una acción de tutela a 107 personas del departamento de Bolívar en contra de la ANT, con el fin de que la entidad adelantara los trámites administrativos correspondientes dentro procesos de acceso a tierras.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia que negó el amparo en contra del ente acusador por no encontrar derechos fundamentales vulnerados o amenazados.

Según el Consejo de Estado, el alcance y aplicación de los preceptos controlados se sujeta a los condicionamientos dispuestos por la Corte Constitucional.

Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de la JEP al negar una medida cautelar solicitada por un grupo de víctimas consistente en la restricción de la libertad de los comparecientes dentro del caso sobre secuestro.

La ANI debe efectuar registro y reporte en relación con otros hechos económicos específicos vinculados con su actividad de soporte en lo que atañe a la gestión contractual.

Se debe valorar la historia clínica y los conceptos médicos que obren en el proceso, a efectos de determinar las primeras manifestaciones del padecimiento.

Cuando no sea posible dar respuesta a esta petición durante el término legal, la autoridad o el particular deberán señalar el término en el cual se dará la contestación.

La Sala Penal enfatizó la posibilidad de incorporar como prueba sus declaraciones anteriores, así el niño comparezca al juicio oral.

En todo caso, será necesario obtener, según el caso, las concesiones, permisos y licencias correspondientes.

Corte Constitucional precisa las características y alcance del recurso extraordinario de anulación.

La Corte Constitucional concedió una tutela a un trabajador diagnosticado con una enfermedad degenerativa, que fue despedido de la empresa en la que trabajaba sin contar con la autorización respectiva por parte del Ministerio del Trabajo.

El alto tribunal transicional indicó que las organizaciones de víctimas tendrán hasta el 22 de marzo del 2022 para entregar sus informes a la entidad. La pandemia, entre las razones, explica la decisión.

Así lo explicó el Consejo de Estado a través de un concepto de su Sala de Consulta. De la misma manera explicó cómo deberán fijarse los detalles concernientes a la liquidación de la entidad una vez termine su mandato.

Como novedad se destaca que, por primera vez, la Dian acepta la fianza para respaldar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

La Corte Suprema negó una tutela en contra de una multa impuesta por la SIC a Avianca luego de que la aerolínea incumpliera el deber de información a una pasajera ante el cambio del avión que operaría el trayecto en el que viajaría.

Las expresiones “de catorce años,”, “de catorce,” y “de aquella edad”, presuntamente establecen una limitación inconstitucional al alcance de la nulidad del inciso segundo del artículo 140 del Código Civil.

La naturaleza de la relación depende de las necesidades y circunstancias específicas de cada sociedad.

Adicionalmente, la Sala Laboral analizó el principio procesal de congruencia aplicable a litigios de trabajo.

La Sección Primera del Consejo de Estado precisó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia SU-427.

Los integrantes de la Policía Nacional, al igual que los miembros de las Fuerzas Militares, se encuentran cobijados por este principio, explicó la Sección Tercera del Consejo de Estado

El Derecho Comercial no es indiferente a las necesidades de flexibilización, libertad y adaptabilidad normativa que demanda la realidad siempre cambiante del comercio.

El Consejo de Estado confirmó una decisión de tutela en la que ordenó a la Dirección General del INPEC verificar dentro de una cárcel el cumplimiento de los requisitos del Decreto 546 de 2020, expedido con ocasión de la pandemia.

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Fredy Ibarra, Ana María Charry y Pedro Pablo Vanegas como nuevos consejeros de las secciones Tercera y Quinta, así como de la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal.

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8º al 39, 41 al 50 y 53 de la Ley 1996 del 2019.

Las actividades y fechas relacionadas con los temas referentes al censo electoral, jurados de votación y escrutinios son las establecidas en la Resolución 2098 del 2021.

Estos intereses deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe del deudor o circunstancias particulares.

Adicionalmente, precisó la DIAN, debe existir unidad causal o unidad de propósito entre las acciones u omisiones.

Confirman suspensión de jueza que afectó deberes como funcionaria pública sin justificación alguna.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 78 (numeral 10), 85 (numeral 1) y 173 del Código General del Proceso.

El alto tribunal se inhibió frente a una demanda presentada en contra de expresiones del artículo 136 del Código, referente a la reducción de las multas, por no encontrar satisfechos los requisitos para emitir pronunciamiento de fondo al respecto.

Así lo señaló la Corte Constitucional luego de resolver una tutela interpuesta en contra de la Registraduría por su negativa a inscribir en el registro civil a una menor hija de padres venezolanos y nacida en dicho país.

Sin perjuicio de la responsabilidad del asociado por el uso indebido que haga de la información.

Monasterio de Cali debe respetar derecho al mínimo vital, a la salud y al debido proceso de una de sus religiosas.

“Las medidas para combatir la pandemia le han dado en el corazón a la Ley Fundamental”.

En un viaje a la población de Tibasosa (Boyacá), con motivo de la inauguración de una nueva fábrica de Bavaria en ese sector –tan consumidor del producto–, se encontraron Alfonso Palacio Rudas y Álvaro Gómez, invitados por Julio Mario Santo Domingo. Hablaron de la Constituyente, que estaba próxima a...

El surgimiento de las criptomonedas representa un gran avance hacia la descentralización de la política monetaria, pero la ley de Bukele es contraria al espíritu de emancipación plena del control estatal sobre la moneda.

El Gobierno Nacional ha ordenado la implementación de protocolos de bioseguridad en diferentes actividades, entre ellas las obras de infraestructura y de transporte público

Nefasto precedente constituiría la absoluta impunidad jurídica de las tragedias acaecidas en los últimos meses.

La primera parte de este libro empieza por revisar la concepción del Estado y el proceso penal y hace una comparación entre Estado absoluto y Estado liberal y su relación con el proceso.

Por su dedicación y logros alcanzados en su labor como profesional del derecho y defensor de los derechos humanos a nivel internacional.

Se llevó a cabo un concurso interamericano de derecho humanos, que fue ganado por la Universidad del Rosario.

El Consejo de Estado decretó una medida cautelar mediante la cual suspendió un artículo del código de ética de una universidad pública que consagra una inhabilidad para inscribir candidatos a la rectoría o al consejo superior de la institución.

La Comisión anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos, planteamiento rechazado por el Ejecutivo.

A propósito de los 30 años de la Constitución de 1991, en ÁMBITO JURÍDICO invitamos a diferentes expertos para que nos hablen sobre la importancia de nuestra Carta Política, así como de su impacto en el andamiaje institucional.

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 7º del artículo 92 de la Ley 2010 del 2019.

Un ciudadano demandó ante la Corte Constitucional una palabra del artículo 1076 del Código Civil, el cual establece que las personas con discapacidad visual solo pueden testar de forma pública ante el notario y los testigos.

El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto administrativo que negó la remisión de la iniciativa legislativa.

Según la Corporación, se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad, contemplado en el artículo 30 de la Ley 734 del 2002.

Además de los magistrados de la Corte, 19 invitados especiales participarán en el evento. Intervendrán en el foro exconstituyentes, líderes de la Séptima Papeleta, el expresidente Gaviria y académicos.

Otro objetivo de este convenio es establecer procedimientos para que las autoridades tributarias de los dos países puedan consultarse y acordar cómo resolver situaciones que puedan implicar una tributación no conforme.

La Sala Laboral regló la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860.

El Consejo de Estado permitió que una mujer pensionada por una entidad pública siguiera percibiendo la sustitución pensional de la que era beneficiaria por parte de otra entidad.

Según el demandante, esta disposición no constituye un incentivo económico, ni un subsidio, un auxilio o subvención con fines de retorno social y tampoco una financiación o un crédito estatal.

Cuando la solicitud sea electrónica, se enviará al interesado un mensaje con la fecha de recibo y el radicado asignado.

No es comprensible cómo derechos humanos de índole social puedan verse vulnerados por entidades de pensiones.

La norma reglamenta los elementos esenciales que caracterizan la modificación introducida por el Acto Legislativo 01 del 2020 al artículo 34 de la Carta Política.

La Corte Constitucional declaró exequibles varias expresiones de los artículos 2º y 7º de la Ley 1270 del 2009

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del inciso del artículo 125 del Plan Nacional de Desarrollo de 2011, que fija los aportes mínimos para financiar los subsidios para los servicios públicos de los que trata la Ley 632 del 2000.

Acusan a la condición que establece el artículo 33 de la Ley 100 para la procedencia en determinados casos del cómputo de semanas para la pensión de vejez de vulnerar los principios de legalidad y certeza tributaria, así como de incurrir en una omisión legislativa.

La Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que no todas las circunstancias que anteceden a la producción del daño son causas directas del mismo.

Según la jurisprudencia, por regla general la tutela no es procedente para reclamar las diferencias contractuales que surjan en razón de una póliza.