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18 de Septiembre de 2021 /
Actualizado hace 14 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Ámbito del Lector


La falta de legitimidad de nuestras instituciones públicas

21 de Julio de 2021

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José Andrés Prada Gaviria.

Abogado/Traductor

Abogado y especialista en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario

 

Por esta época tan convulsionada, de tanta marcha, protesta y paros a nivel nacional, creo que resulta oportuno traer una palabra que a mi modo de ver está siendo actualmente pisoteada y cuestionada por una gran parte de nuestra sociedad: la legitimidad.

 

La legitimidad de nuestras instituciones no puede ser pasada por alto. Es cierto que, en toda democracia, como es sabido, el pueblo es el soberano. Así lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 3º, al señalar que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución lo establece”. Pero, ¿qué hacer cuando la gente aburrida de tantas injusticias, escándalos de corrupción y falta de oportunidades (solo por mencionar algunos males) ya no cree en sus gobernantes?

 

Si bien es cierto, Colombia está fundamentada en un sistema democrático. Posee las tres ramas de Poder Público, cuenta con organismos de control y tiene a la fuerza pública para defender, proteger y salvaguardar la integridad de los colombianos. Pero ¿qué ocurre con la legitimidad de sus instituciones?

 

La palabra legitimidad “implica aquello que se encuentra en conformidad con las leyes, y que, por ende, es lícito. La legitimidad ocurre cuando lo que mandan las leyes o lo que dictamina una autoridad es obedecido. Cuando alguien está dotado de legitimidad, tiene la capacidad de realizar una función pública que implica ejercer el poder, mandar y ser obedecido” [1].

 

En ese orden de ideas, el pueblo, que es el constituyente primario y elige a sus gobernantes o representantes, es el que les confiere ese poder de representación para que pueda funcionar nuestra democracia. Encontrándose así los gobernantes legitimados para gobernar.

 

Pero, ¿qué ocurre cuando se pierde o se pone en duda esa legitimidad? Yo creería que contamos con las instituciones adecuadas para que todo funcione como debería funcionar. Sin embargo, muchas veces son las personas, con sus diferentes actuaciones, las que se encargan de deshonrarlas y que dichas instituciones pierdan su credibilidad o queden en entredicho. De tal manera que, si bien existe un compromiso y un mandato para que los funcionarios se desempeñen y obren conforme al Derecho, esto en la práctica no ocurre siempre.

 

De ahí que veamos brotes de insatisfacción y protestas contra ciertos comportamientos de personas que tienen o ejercen grandes responsabilidades por los cargos que ocupan y que por intereses personales o de lucro, terminan desviando sus obligaciones obrando de una manera contraria al Derecho. Esto ocurre principalmente en temas de corrupción, en donde los funcionarios terminan movidos por otros motivos diferentes a un correcto proceder.

 

Todo este malestar unido a un descontento social por medidas hasta cierto punto “injustas”, como la reforma tributaria presentada y que fue retirada, hacen que se pierda esa legitimidad que mencionaba, y que la gente no quiera obedecer a sus gobernantes.

 

El artículo 37 de la Constitución Política es claro al señalar: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

 

Lo cierto es que una parte de los colombianos en estos últimos días han querido hacer uso de ese derecho que tienen de manifestarse, pero que desafortunadamente no ha sido tan pacífico como lo permite la ley, lo cual ha hecho que se presenten enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.

 

El punto es que esto ha generado que muchas personas no solo no encuentren legitimados a sus gobernantes, sino tampoco a la fuerza pública. Siendo que una entidad como la policía está contemplada en el artículo 218 de la Constitución Política como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

 

De esta forma, lo que quiero resaltar es que contamos no solo con una legislación o normas que nos rigen y ordenan nuestro comportamiento, sino también con instituciones idóneas para que nuestra democracia funcione. La policía, por ejemplo, está allí para ayudarnos, aunque para muchos representan unos enemigos en las marchas.

 

Y ahí está el dilema entre obedecer o no obedecer, y a mi modo de ver el título de este artículo: la falta de legitimidad de nuestras instituciones. Si no existe una sintonía entre los gobernados y los gobernantes, el resultado terminará en manifestaciones y reclamos.

 

Para muchos, en este momento, el Gobierno y la fuerza pública han actuado de una forma injusta. Y esto ha llevado a que las personas no quieran obedecer a los dirigentes y a las demás instituciones del Poder Público. Estamos ante una crisis de legitimidad de nuestras instituciones. Pero no todo está perdido. El diálogo y la concertación son necesarios en este momento para enderezar el rumbo y adoptar medidas de común acuerdo. La democracia, en últimas, es el gobierno del pueblo y, como tal, es una forma de gobierno para el pueblo. Las marchas han evidenciado una serie de injusticias y han llevado a que el Gobierno haya cambiado algunas medidas.

 

Lo que sí se debe evitar al máximo es el uso de la violencia tanto en las protestas como en la contención de las mismas. El acabar o vandalizar los bienes públicos es algo que se debe evitar a toda costa. Las manifestaciones son producto del inconformismo nacional que se ha acentuado con la pandemia por la cual pasamos. Destruyendo lo que tenemos no nos lleva a ninguna parte como Nación. Habrá que trabajar juntos y buscar en la concertación nuevas salidas a estos problemas de carácter social y que nos atañen a todos.

 

Mal que bien las instituciones están allí, para ser ejercidas acorde a la ley y para favorecer al pueblo. El reto está en que sirvan realmente al pueblo y no a los intereses personales o económicos de unos pocos. Debemos recuperar la legitimidad de nuestras instituciones y construir un país mejor. A veces las crisis cuando terminan son el inicio de algo mejor. Esperemos que podamos salir de esta crisis o, de lo contrario, estaremos envueltos en un malestar general en el que impere el caos y el descontento, siendo la violencia fruto de esa inconformidad e impotencia general. Los mecanismos jurídicos existen para hacer valer nuestros derechos; debemos recuperar la confianza en nuestras instituciones y en quienes las dirigen (precisando que, como en todo, existen funcionarios que sí cumplen con su deber legal), pero si los demás obran de manera contraria a la ley, deberán enfrentarse a la justicia. El reto es recuperar la legitimidad en quienes gobiernan nuestras instituciones públicas.

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