Este valor equivale al promedio de las cinco mayores tasas de interés en cuentas de ahorros con saldos de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Mientras se implementa una herramienta informática para este fin, las entidades deberán solicitar dicha información de manera directa o indirecta a la Fiscalía General de la Nación.
Esta situación impide la protección, en tanto desaparece la amenaza o se genera una vulneración en tal grado de consumación que se hace imposible restablecer el derecho.
Pretender crear funcionarios sin un régimen de control disciplinario sería establecer un régimen de impunidad que deslegitimaría la democracia, indicó.
En el caso analizado, el supuesto afectado no demostró haber solicitado el incremento de esas medidas ni que las entidades accionadas se las hubieran negado.
La ANM fijará cronogramas para la entrada en vigencia del mecanismo. Además, podrá definir ámbitos territoriales en los que procederá su aplicación progresiva.
Según el Ministerio Público, el magistrado ponente del auto, José María Armenta, no conoció el contenido de los fallos disciplinarios que suspendió provisionalmente.
El plazo para que la alcaldía emita el acto administrativo no es obstáculo para materializar el derecho fundamental a la restitución, que debe ser inmediato.
El profesional del derecho, al no actuar con celeridad, desconoce el deber que tiene todo abogado de obrar con honradez y diligencia ante sus poderdantes.
En firme la decisión del Ministerio Público, al alcalde solo le restaría acudir a la acción de tutela o interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
A partir de la fecha, continúan los términos de los procesos judiciales que se encuentran suspendidos desde el 20 de diciembre de 2013, cuando inició dicho periodo.
Esta disposición se extiende a los miembros de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, soldados o auxiliares, cuando se les haya reconocido una pensión.
Con los cambios, esa entidad tendrá más cobertura en los territorios donde se producen más violaciones a los derechos fundamentales, aseguró el mandatario.
Las nuevas disposiciones definen los niveles jerárquicos, cambian la nomenclatura y establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos.
Del total de personas que se presentaron voluntariamente a las autoridades el año pasado, 1.111 eran de las FARC; 237, del ELN, y 2, de disidencias de grupos terroristas.
En casos especiales como este, dicho término debe contarse desde que el actor es consciente de que el daño antijurídico puede ser atribuible al Estado.
Los valores notariales se reajustan anualmente teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor del año anterior, que, en este caso, fue del 1,94 %.
Los funcionarios que adelantan procesos de liquidación obligatoria en la Supersociedades se ubican en la categoría de quienes ejercen función jurisdiccional.
Una actuación con pretensiones inferiores conocida por un tribunal no puede impugnarse ante el Consejo de Estado, si el recurso se interpuso a partir del 1º de agosto del 2006.
A su juicio, la ampliación de la base gravable a todos los procesos judiciales (incluyendo los declarativos), no tiene ninguna justificación legislativa.
A partir del 1º de febrero se aplicará una medida de “pico y placa” para realizar este trámite, teniendo en cuenta los últimos dígitos de la cédula de ciudadanía.
Las solicitudes de recobro para pago surtirán un proceso de verificación y control a través de las etapas de pre-radicación, pre-auditoria y auditoría integral.
La familia debe ser entendida en concordancia con el principio del pluralismo, de tal manera que no puede existir un concepto único ni excluyente, recuerda la demanda.
Los reglamentos técnicos u operativos que expidan los prestadores no podrán incluir requisitos adicionales a los establecidos en la normativa expedida por el Gobierno.
Según la defensa, corresponde al Presidente de la República señalar las políticas generales de administración y control de los servicios públicos domiciliarios.
Las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura responden a la gradualidad fijada por la Ley 1395 del 2010 y el Código General del Proceso.
El Gobierno tendrá seis meses para poner en funcionamiento esta entidad, que asumirá varias funciones que tenía el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte.
Según el fallo, aun cuando se trate de funciones que no incidan directamente en la preservación de costumbres y tradiciones del grupo, este se ve afectado en su derecho a la etnoeducación.