El Decreto 2496 de 1983 y la Resolución 2555 de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi contienen la regulación especial sobre la función catastral, por tanto, deben acatarse en forma preferente, afirmó la Sección Primera del Consejo de Estado. A su juicio, el proceso de formación catastral es un procedimiento administrativo especial, y, así, no está sujeto al Código Contencioso Administrativo. Por otro lado, la corporación reiteró que el demandante, ya sea el propietario o poseedor del bien, tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado (C. P. María Elizabeth García).