Como una medida desproporcionada, que desincentiva el acceso a la administración de justicia, calificó la Procuraduría la regulación del cobro del arancel judicial contenido en la Ley 1653 del 2013, al solicitarle a la Corte Constitucional, por tercera vez, que declare inexequible esa medida legislativa. A su juicio, el usuario judicial puede optar por no acudir a los estamentos jurisdiccionales para adelantar reclamaciones justas, habida cuenta de que, a pesar de la garantía de recuperar el pago inicial, de prosperar sus pretensiones, no podría hacerse a la actuación si antes no cuenta con este valor. Añadió que se trata de corregir, por medio de restricciones exageradas, los problemas de la Ley 1394 del 2010 para efectuar los recaudos aquí pretendidos, trasladando esa responsabilidad al ciudadano. Sostuvo que, además de no existir justificación legislativa para aumentar la base gravable a todos los procesos, la irregularidad se profundiza al exigir el cobro anticipado en los procesos declarativos, dado que es probable que el demandante no obtenga una suma de dinero, teniendo en cuenta la falta de certeza sobre la exigibilidad del derecho. Esta nueva demanda corresponde al magistrado Nilson Pinilla.