Gobierno y Congreso deben asegurar financiamiento de reformas penales que generen aumento de presos: Corte Suprema (4:15 p.m.)

La Corte Suprema de Justicia exhortó al Gobierno y al Congreso para que en próximas reformas relacionadas con la política criminal del Estado incorporen las medidas económicas necesarias para atender el impacto que el aumento de la población carcelaria pueda generar, pues “solo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones dignas”. En la providencia se le dio un plazo máximo de tres años a las autoridades para que solucionen definitivamente la crisis de hacinamiento del 300 % que enfrenta la cárcel de Santa Marta (Magdalena), además de otras problemáticas que afectan las garantías fundamentales de los reos. Estas deberán determinar si remodelan las instalaciones, en un término de dos años, o si optan por la construcción de otras nuevas, caso en el cual podrán emplear el tiempo máximo de tres años concedido en esta tutela. La Corte también ordenó dar cumplimiento efectivo del artículo 63 del Código Nacional Penitenciario y Carcelario, que prevé la clasificación de los internos, separando a los detenidos de los condenados (M. P. Eugenio Fernández Carlier).