Sin efectos quedó el fallo de destitución e inhabilidad que por 15 años le impuso la Procuraduría al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretara la suspensión provisional de esta determinación. La Sección Segunda de la corporación definió la medida cautelar a fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, mientras estudia de fondo la tutela. Según la providencia, el procedimiento disciplinario a cargo de la Procuraduría, si bien tiene la virtud de provocar la destitución del procesado, no se puede aplicar en el caso de los elegidos por voto popular, pues el ordenamiento ha previsto la acción de pérdida de investidura como el instrumento que tienen los quejosos para despojar de sus derechos políticos a un servidor en funciones.