El Consejo de Estado reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado, en los casos de construcción, mantenimiento, conservación o recuperación de vías, se determina a partir de la omisión en la adaptación de medidas tendientes a evitar los daños que las obras puedan ocasionar. De esta manera, el daño resulta imputable a la administración si la entidad pública estaba en capacidad de prevenir su ocurrencia, haciendo uso de sus conocimientos sobre los peligros creados mediante la planeación y ejecución de medidas eficaces para evitarlos (C.P. Stella Conto Díaz).