El Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la falla en el servicio ocasionada en la omisión de la prestación de servicios médicos prescritos para un recluso con afecciones cardíacas. Aunque en el caso concreto la muerte del interno no podía atribuirse directamente a la entidad demandada, la no prestación del servicio médico adecuado, que era una responsabilidad del Estado frente al recluso, le produjo una pérdida de oportunidad de sobrevivir, lo que configuró la citada responsabilidad (C.P. Ramiro Pazos Guerrero).